Como resultado de la política de apertura petrolera, especialmente desde 1994, PDVSA y la República de Venezuela suscribieron un conjunto de contratos con empresas petroleras internacionales para aumentar la producción de hidrocarburos. Esa política propició que la producción de petróleo a cargo de las empresas extranjeras socias de PDVSA en la Faja del Orinoco y otras áreas pasara de 360.000 barriles diarios en 1998 a 860.000 barriles diarios en 2007, representando aproximadamente un 30% de la producción total.
A comienzos de 2007, el presidente Chávez adoptó la política de estatizar las empresas extranjeras socias de PDVSA, entre las cuales estaban los activos de Conoco, con un 40% en las empresas mixtas de los proyectos Petrozuata y Hamaca en la Faja del Orinoco y el campo petrolero de Corocoro, el cual se regía bajo el esquema de explotación con ganancias compartidas.
No habiéndose llegado a un acuerdo sobre el monto a indemnizar por las expropiaciones, dado que Conoco exigía un pago superior a US$ 20.000 millones, mientras que PDVSA y el gobierno ofrecían US$ 2.000 millones por esos activos, en 2010 se inició la disputa legal que derivó en demandas contra PDVSA por los proyectos Petrozuata y Hamaca, y contra la República por el caso Corocoro.
En los casos de Petrozuata y Hamaca, la demanda fue por US$ 1.500 millones más US$ 48 millones adicionales, los cuales forman parte de las acreencias contra Citgo, mientras que la demanda por la expropiación del campo petrolero Corocoro fue por US$ 7.000 millones, incoada ante el CIADI.
Tras un largo y complejo proceso judicial, Venezuela demandó la nulidad del laudo que en primera instancia el CIADI declaró a favor de Conoco, bajo el argumento de que Venezuela no tenía representación legal ante ese tribunal.
Subsanado este tema, el 24 de enero de 2025, el CIADI ordenó a Venezuela pagar US$ 8.700 millones, mediante sentencia firme. Esta situación ocurre en un contexto donde Venezuela no cuenta con liquidez internacional para afrontar ese pago, por haber despilfarrado más de un billón de dólares recibidos por exportaciones petroleras entre 1999 y 2024, y además porque el país también es objeto de más de veinte demandas ante distintos tribunales internacionales, justamente por esa política de expropiaciones que comenzó en 2007 y que propició una caída de la producción petrolera de Venezuela a partir de 2008.
Como consecuencia de esta medida del CIADI, los activos de toda naturaleza propiedad de Venezuela corren el riesgo de ser tomados por Conoco para cobrar sus acreencias. Así, Citgo o cualquier buque que transporte petróleo cuyo titular sea PDVSA está expuesto a ser decomisado.
Somos defensores de los intereses de Venezuela y, por ello, clarificamos los antecedentes del problema y exigimos una solución de carácter nacional en defensa de los activos del pueblo venezolano, los cuales están en peligro por las expropiaciones y el endeudamiento irresponsable de un régimen que ha destruido la economía de nuestro país y lo ha sumergido en la peor crisis de su historia.
Nota de prensa