Pablo Zaballos, ex oficial de policía con 15 años de experiencia como analista de inteligencia de Carabineros de Chile, experto en terrorismo internacional y crimen organizado, se refirió a las acusaciones contra Diosdado Cabello para analizar las implicancias y repercusiones del caso de Ronald Ojeda.
Por Infobae
En la entrevista, Zeballos destacó varios puntos importantes que dan luces sobre el trasfondo del secuestro y posterior asesinato de Ojeda.
-¿Qué le parecen los avances en la investigación y el trabajo de las policías chilenas?
-La detención se enmarca en una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público de Chile, relacionada con una facción del complejo criminal Tren de Aragua. Esta facción no solo está vinculada al secuestro del teniente Ojeda, sino también al brutal asesinato de un oficial de Carabineros frente a su familia además de otros homicidios, secuestros extorsivos, torturas y diversos delitos de extrema gravedad. Se trata de una de las facciones más “puras” de la línea Tocorón del Tren de Aragua, responsable de múltiples crímenes cometidos en Chile en los últimos años.
Este hecho es clave, ya que evidencia cómo este complejo criminal diversifica sus actividades ilícitas, subcontrata elementos delictivos y desafía al Estado mediante delitos de alto impacto. Este desafío persiste incluso dentro de las prisiones, tal como se ha observado en Chile y en Colombia.
En el desarrollo de esta investigación el Fiscal Barros logró unificar esfuerzos policiales y penitenciarios, además de cooperación internacional que terminó con la detención de un importante activo criminal de esta facción en Estados Unidos.
Sin embargo, estos avances son un paso de un camino que aún se debe recorrer que permita juzgar adecuadamente a estas personas y demostrar su participación en los actos que se les imputan.
– Uno de los detenidos aseguró que Diosdado Cabello dio la orden de matar a Ojeda. ¿Cree verídica esa declaración? ¿Qué perfil tiene Cabello?
La tesis del Ministerio Público chileno lo señala como quien habría ordenado el asesinato de Ronald Ojeda, lo cual representa un hecho relevante: es la primera vez que Cabello es vinculado con un crimen fuera de Venezuela. Cabe recordar que Cabello ya enfrenta graves acusaciones internacionales, incluyendo narcoterrorismo, corrupción y tráfico de drogas por parte de Estados Unidos, que ofrece una recompensa de USD 25 millones por su captura. En 2020, el Departamento de Justicia de EE.UU. lo acusó formalmente de “conspirar con las FARC.” Además, sobre él pesan sanciones de la Unión Europea y de otros organismos internacionales.
Cabello utiliza su programa de televisión como una plataforma de propaganda desde la cual desacredita a opositores y, en casos más graves, presuntamente desencadena procesos penales arbitrarios. Según la Misión Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de la ONU, Cabello influye directamente en el poder judicial y da órdenes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La Misión ha señalado que, debido a la falta de independencia del sistema judicial en Venezuela, las acusaciones y declaraciones difamatorias de altos representantes del Estado suelen ser la base para iniciar acciones legales que colocan a los imputados en clara desventaja procesal.
Actualmente, como ministro del Interior, Cabello lidera una narrativa controvertida que afirma estar luchando contra el crimen organizado, aunque según sus declaraciones, este estaría fomentado por la oposición venezolana, expresidentes colombianos, o cualquier figura que considere un adversario político. Las graves acusaciones que lanza frecuentemente, aunque a menudo irracionales, resultan peligrosas en un contexto de politización extrema y fanatismo.
– ¿Comparte entonces la tesis del Ministerio Público chileno de que el secuestro y crimen de Ojeda fue orquestado desde Venezuela, tesis que también apoya el Gobierno?
-No tengo más información que las declaraciones públicas sobre los elementos que sustentan la tesis del Ministerio Público chileno acerca de la participación del gobierno venezolano en el crimen del teniente Ojeda. Sin embargo, conociendo la rigurosidad con la que trabaja el Ministerio Público para sostener una hipótesis de esta naturaleza, es razonable asumir que se han descartado otras líneas investigativas y que los fundamentos de esta teoría deben ser sólidos.
En este contexto, el Tren de Aragua sería el grupo criminal más efectivo para ejecutar una operación de esta naturaleza. Claro está, su motivación no sería política ni ideológica, sino económica, o bien podría haber actuado bajo acuerdos relacionados con beneficios, prebendas o incluso coacción. Esto último solo se podrá confirmar a medida que avance la investigación y los elementos que sustentan la hipótesis se hagan públicos.
No obstante, ciertos aspectos refuerzan esta teoría: la rápida ejecución del crimen, el perfil de Ojeda como opositor activo y la ausencia de un pedido de rescate. Todo ello apunta a que se trató de un acto deliberado y calculado. Además, el gobierno chileno ha respaldado esta tesis, a pesar de las posibles consecuencias políticas y las narrativas de agresividad que podrían surgir en las próximas semanas. Estas podrían incluir contraacusaciones, ataques ad hominem contra fiscales, autoridades políticas chilenas e incluso periodistas, lo que complicará aún más el desarrollo de la investigación y el debate público en torno al caso.
– ¿Chile debería extraditar a estos detenidos a Venezuela, tal como exigió el fiscal Tarek William Saab?
-No. La investigación del crimen se está desarrollando en Chile, donde ocurrió el hecho, y es la justicia chilena la que debe procesar a los responsables. Además, existen serias dudas sobre la imparcialidad y el respeto al debido proceso en Venezuela. El sistema judicial y de persecución penal en Venezuela ha demostrado ser poco confiable a nivel internacional. Esto ha sido señalado por organismos internacionales, centros de estudios, y respaldado por denuncias formales que han derivado en sanciones internacionales contra algunos de sus integrantes. Por tanto, la extradición no solo pondría en riesgo la integridad de la investigación, sino también la posibilidad de que se haga justicia de manera transparente y efectiva.
– En caso de que se compruebe que Venezuela tuvo injerencia en el crimen de Ronald Ojeda, ¿debería Chile recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI) en busca de justicia?
-Si se comprueba la participación del gobierno venezolano en el crimen de Ojeda, sería pertinente que Chile recurra a la Corte Penal Internacional, y probablemente no tendrá otra opción que hacerlo. Un crimen de esta naturaleza es absolutamente inaceptable para un Estado democrático, independientemente de la dimensión en la que se analice. La presunta participación de actores estatales extranjeros en actos criminales no puede ni debe ser tolerada, ya que representa una grave amenaza no solo para la soberanía de Chile, sino también para los principios fundamentales que sustentan la democracia y el respeto al derecho internacional.
-¿Qué implica el inminente esclarecimiento del crimen de Ronald Ojeda para el contexto de Latinoamérica?
-La investigación avanza hacia el esclarecimiento del crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Actualmente, se cuenta con una tesis respaldada por elementos probatorios muy sólidos, quedando pocos vacíos por resolver respecto a la identificación de todos los ejecutores, cómplices y encubridores. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de casos, lo más difícil será demostrar la autoría intelectual del hecho criminal.
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