El caso de una madre aragüeña, quien denunció haber sido obligada a llevar a su hijo con autismo severo para que le recargaran una bombona de gas doméstico, ha escalado a niveles preocupantes. Tras la viralización de su denuncia en redes sociales, la mujer asegura estar siendo víctima de intimidaciones y presiones tanto de funcionarios como de personas vinculadas al gobierno.
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En un reciente video publicado en sus redes sociales, la madre denunció que ha recibido advertencias disfrazadas de consejos: “Calladita me veo más bonita”, dijo que le han comentado, lo que ha despertado en ella temor por su seguridad y la de su familia.
Además, relató que, tras recibir una citación por parte de la Fiscalía N° 37 para declarar sobre el caso, fue visitada en su casa por una persona que le informó que el funcionario implicado en el altercado estaba buscando contactarla porque supuestamente sería sancionado. Poco después, la mujer fue notificada de una visita de la alcaldía, la cual rechazó categóricamente. “No quiero saber nada de la alcaldía, ni de la fiscalía. Solo quiero que me dejen tranquila”.
Según su testimonio, le ofrecieron ayudas inmediatas como medicamentos, comida y gas “en la puerta de su casa” pero señaló que para acceder a los beneficios gubernamentales, como el bono de discapacidad de apenas 3 dólares al mes, ha sido obligada a militar en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y asistir a marchas.
La madre también denunció que una persona vinculada al gobierno le sugirió dejar de publicar contenido crítico de la realidad venezolana. “Esa persona me dice: ya tú tienes tus seguidores, sigue haciendo tu contenido y pide apoyo (monetario) para que te den”. Sin embargo, ella dejó claro que no monetiza sus redes sociales. “Todos saben que yo comencé esto para ir mostrando cómo violan los derechos de las personas discapacitadas en este país”, reiteró.
Finalmente, relató que cuando su madre acudió a retirar la bombona de gas, en el lugar se encontraban funcionarios de la Policía de Mariño y el Director de la Inspectoría, lo que calificó como un acto de intimidación. “Ahora va a venir la policía a mi casa por yo poner un video por una bombona que no me quisieron vender. Por eso a uno le hacen este psicoterror, concluyó notablemente afectada por la situación.
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