Durante la noche del 28 de diciembre, Jesús Fernando entró en la casa donde vivía Astrid Yáñez, de 26 años, junto a su hijo Dante, de seis. Los apuñaló y después prendió fuego a la vivienda con ellos dentro. Con ese ataque, el hombre culminaba meses de amenazas a su expareja y cerraba años de no haberse hecho cargo de su hijo. Astrid lo había demandado por deudor alimentario y había presionado para que no le dieran un cargo público en Culiacán, Sinaloa. El brutal crimen fue la respuesta. La agresión evidencia de nuevo la feroz violencia de género que se vive en México, donde 10 mujeres son asesinadas cada día. El 95% de los casos nunca encuentra justicia.
Por Beatriz Guillén | EL PAÍS
Astrid Yáñez había cumplido en 2024 uno de sus sueños: por fin podía ejercer como psicóloga, la carrera que había estudiado en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En julio montó su propia consulta especializada en depresión, ansiedad y adicciones. “Se sentía muy orgullosa”, cuenta Jesús, uno de sus amigos, a EL PAÍS. Ellos se habían conocido en 2016 trabajando en un call center, uno de los empleos que Astrid tuvo mientras estudiaba su licenciatura. Los dos jóvenes acostumbraban a celebrar sus cumpleaños juntos, a principios de diciembre, y pronto sus amigos por separado se hicieron comunes: “Ella fue muy alegre siempre, muy amorosa, muy amable”.
En 2018, nació Dante: “Desde que lo tuvo, su vida era su niño, vivía por él y para él. A pesar de que su pareja no se quería hacer responsable, de que los dejó prácticamente”. Astrid decidió, poco después, demandar a Jesús Fernando. Desde entonces él le mandaba mensajes amenazantes, pero la joven siempre se mantuvo firme, cuenta su amigo Jesús. “Hace como un año él se anduvo postulando en un puesto para el municipio de Culiacán. A Astrid no se le hacía justo que se postulara porque tenía una demanda. Nosotros la ayudamos a compartir el caso, no se nos hacía justo que un deudor estuviera en un cargo público”, explica Jesús por teléfono desde Culiacán.
En México, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria, según el Instituto Nacional de Estadística (Inegi) y el 67,5% de las madres enfrentan la evasión de las obligaciones de sus exparejas. En 2023, el Congreso mexicano aprobó la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios como parte de la iniciativa de la Ley Sabina, impulsada por la activista Diana Luz Vázquez. El objetivo era que estuvieran públicos los nombres y apellidos de hombres que se niegan a pagar la pensión alimenticia a sus hijos y evitar que puedan salir del país, comprar inmuebles o acceder a cargos públicos. Sin embargo, apenas ha entrado en vigor en unos cuantos Estados de México y no lo hizo en Sinaloa.
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