Mariana González de Tudares, hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, emitió este jueves 9 de enero, un comunicado urgente denunciando la desaparición forzada de su esposo, Rafael Tudares Bracho.
Por lapatilla.1eye.us
La esposa recordó en el documento, que Tudares fue secuestrado el pasado martes 7 de enero a las 12:39 p.m. por agentes de seguridad e inteligencia del Estado venezolano. Desde entonces, no se ha recibido información sobre su paradero ni sobre el lugar de detención, y se desconoce su condición física y personal.
Mariana González y su abogado visitaron varios centros de detención gestionados por organismos como SEBIN, DAET, DIP y CPNB, sin obtener respuesta alguna sobre la ubicación de Tudares Bracho.
Además, denunció que se han vulnerado derechos fundamentales de su esposo, como el acceso a un abogado de confianza, visitas familiares e incluso su derecho a realizar una llamada telefónica.
En el comunicado, González enfatizó que las acusaciones públicas realizadas por un alto funcionario del régimen, que intentan vincular a Rafael Tudares Bracho con otros detenidos por presuntos hechos delictivos, carecen de fundamento.
Reafirmó que Tudares no tiene relación alguna con asuntos políticos ni con los hechos que se le pretenden atribuir, destacando su derecho a la presunción de inocencia consagrado en la Constitución venezolana.
Mariana González vinculó esta detención arbitraria con una medida de represalia política en contra de su padre, Edmundo González Urrutia. Sin embargo, subrayó que las acciones atribuidas al líder opositor no deben extenderse a su círculo familiar y personal.
En su declaración, Mariana González hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional para exigir la liberación inmediata de Rafael Tudares Bracho y pidió que se informe con urgencia el lugar donde se encuentra detenido. “Seguiremos luchando por el respeto de los derechos y la libertad de Rafael Tudares Bracho”, concluyó.
Este caso se suma a una serie de denuncias sobre detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen actual en Venezuela, lo que refuerza las preocupaciones sobre el uso de tácticas de intimidación contra familiares de figuras opositoras.
