La creciente y sostenida migración de venezolanos a Colombia ha llevado al Gobierno de Gustavo Petro a adoptar una serie de medidas en materia migratoria para esta población. Sin embargo, estas no han sido suficientes y cada vez hay más ciudadanos del vecino país en situación irregular. Muchos de ellos están de paso, pues tienen como destino otro país, pero otros están solicitando asilo y obtenerlo cada vez se ha vuelto más demorado.
Por Semana
Cifras de la Cancillería indican que entre 2017 y agosto de este año se han registrado 68.500 peticiones de asilo. De ellas, se registraron casi 13.000, solo en 2023, lo que implica un incremento de 25 veces frente a lo reportado en 2017.
En la actualidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibe aproximadamente 1.200 solicitudes cada mes, y el tiempo promedio para ofrecer una respuesta es de tres años. Para hacer frente a esta situación, la Cancillería planea un decreto para modificar los requisitos con los que otorga un asilo, con cambios que entrarán en efecto el 1 de julio de 2025.
Mientras se llega a este punto, la Cancillería sacó la resolución 12509 del 4 de diciembre de este año, en la que crea una categoría de visa de visitante: “V-Visitante Especial”. Esta nueva visa va a tener una vigencia de dos años, se va a otorgar por una sola vez, lo que implica que después de ella se debería buscar otra visa u otra regularidad migratoria. Además, solo aplicará para el migrante venezolano que haya ingresado a Colombia hasta el 3 de diciembre de 2024.
Desde 2017, el Gobierno ha intentado con varios mecanismos para regular la situación migratoria de los venezolanos. Primero fue el Permiso Especial de Permanencia (PEP); luego el Permiso Especial Complementario de Permanencia (PECP) expedido en 2019 y posteriormente el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF) creado en 2020.
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