Varias ONG en Venezuela exigieron este sábado “justicia y libertad” para Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, una organización enfocada en temas militares, quien fue arrestada de manera “arbitraria” el 9 de febrero de este año.
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La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció la “injusticia” que enfrenta San Miguel, afirmando que sus derechos fundamentales han sido vulnerados. “Demandamos justicia y libertad para Rocío y todas las prisioneras políticas”, señaló la ONG en un mensaje en la red social X, donde también compartieron una imagen de la activista.
Por su parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) destacó que San Miguel es una “defensora incansable de los derechos humanos” y solicitó su liberación, así como el fin de las “detenciones arbitrarias”.
San Miguel es una de las 243 mujeres, según el Foro Penal, que están bajo arresto por razones “políticas” en el país, de un total de 1,958 detenidos, la mayoría ocurridos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El Ministerio Público la acusa de tener supuestos vínculos con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Fue arrestada en el aeropuerto internacional de Maiquetía, mientras se preparaba para viajar con su hija.
Tarek William Saab, indicó en febrero que San Miguel “entregó información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a representantes de otras tres naciones.
En julio, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, reportó un aumento en las “amenazas, el acoso y los asaltos” contra miembros de la sociedad civil, periodistas y otros críticos. Türk mencionó 38 casos de “detenciones arbitrarias”, incluyendo los de San Miguel y Carlos Julio Rojas, quienes han estado detenidos desde el 9 de febrero y el 15 de abril, respectivamente, sin acceso a una defensa de su elección.