Renovar el pasaporte, sacar la visa para el cónyuge extranjero, conseguir el certificado de defunción de los padres, obtener certificados para cobrar las pensiones. Esos son apenas algunos de los trámites que los migrantes venezolanos estarán impedidos de realizar, por la inexistencia de relaciones diplomáticas y consulares con sus países de residencia.
Por El Tiempo
Hoy en día, esas preocupaciones se multiplican en países como Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y la República Dominicana, los que, con el posterior apoyo de Chile, exigieron la publicación de las actas electorales y se negaron a reconocer la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, según el anuncio hecho por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En respuesta, la cancillería venezolana decidió retirar el personal diplomático en estos países, y exigió a esos gobiernos hacer lo mismo con sus representantes en territorio venezolano.
Aunque la medida solo significa una “interrupción temporal” de relaciones diplomáticas y consulares, este quiebre deja a miles de venezolanos migrantes en incertidumbre y desprotección jurídica.
Este escenario adquiere relevancia de cara a la posibilidad de una nueva ola migratoria que podría aumentar la cifra de desplazados en el mundo a 10 millones. Además, tiene un gran impacto para quienes ya están en el exterior.
Algunos países han implementado procesos masivos de regularización para garantizar que los migrantes tengan los documentos necesarios y puedan ejercer sus derechos. Pero estos esfuerzos requieren un respaldo financiero sólido, asegura Acnur.
Un licenciado en estudios liberales que prefirió mantener su identidad en reserva por seguridad –como varios de los expertos consultados en Venezuela tras la ola represiva poselectoral– explicó que la crisis migratoria ha llegado a un punto crítico. “Cualquier persona venezolana que salga de forma ilegal y tenga pasaporte facilita algunas cosas, pero ahora va a haber una ola de migración sin pasaporte. No todos los que migran pueden pagar los 200 dólares que cuesta, lo que deja a muchos sin esta documentación básica”, dijo.
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