El 29 de julio de este año, un día después de la elección presidencial en Venezuela, Diego Pumar Farfán, había salido de su casa a continuar con su rutina de alquilar de lavadoras en la ciudad de Barinas, pero fue interceptado por funcionarios de la policía que sin mediar palabras lo trasladaron hasta la sede de la GNB, donde fue imputado por terrorismo tras una audiencia por telemática, y actualmente está recluido el Tocorón.
Corresponsalía lapatilla.1eye.us
Al cumplirse 96 días de su presidio, la familia de Diego Pumar salió a la calle, con un cartel que tenía su foto y nombre, para exigir que lo pongan en libertad, durante una protesta pacífica realizada en Alto Barinas, el sábado 2 de noviembre.
Para Diego no ha sido fácil estar preso, dicen sus familiares. Con 18 años de edad, su vida se había desarrollado entre aulas de clases, libros y cuadernos, y, más recientemente en un emprendimiento con sus seres queridos de alquiler de lavadoras, pero nunca en la cárcel.
Como familia, los Pumar Farfán estaban conscientes de la crítica situación del país, sin que nunca llegaran a imaginar que el deterioro que veían a su alrededor, entre lo económico, social e institucional, les iba a cobrar en uno de sus miembros un delito de terrorismo, pese a ser inocente.
La mamá de Diego no lleva cuenta de las veces que ha viajado desde Barinas a Maracay, donde se encuentra el Centro Penitenciario de Aragua (cárcel de Tocorón), por lo que tampoco se cansará de afirmar que su hijo “no es terrorista”.