A tres meses de las protestas ocurridas en Venezuela tras los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que dieron como ganador a Nicolás Maduro, familiares y organizaciones de derechos humanos exigen la liberación de los presos políticos, especialmente en el estado Aragua, donde el número de detenidos fue significativo.
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Los familiares de los detenidos en el territorio aragüeño han denunciado que las condiciones de reclusión son deplorables, con acceso limitado a la atención médica y restricciones para recibir visitas.
Algunos familiares han expresado que sus seres queridos están siendo sometidos a tratos inhumanos y que en algunos casos ni siquiera se les ha permitido un debido proceso legal.
En este sentido, organizaciones de derechos humanos han documentado los diversos casos de detenciones arbitrarias, de las cuales aseguran algunas no han sido formalmente imputadas.
“La situación de los presos políticos en Aragua es sumamente preocupante. Estamos ante un escenario de represión donde el Estado criminaliza la protesta y viola los derechos humanos de los detenidos al no permitirles las visitas semanales de los familiares, trasladarlos a penales lejos de su ciudad y mantenerlos en espacios de hacinamiento”, dijo un abogado y miembro de una ONG que brinda apoyo a los detenidos por las protestas.
Ante este escenario, los familiares de los detenidos y las organizaciones que los apoyan reiteran el llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con la situación y exhorte a la administración de Nicolás Maduro a cumplir con las normativas de derechos humanos establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales.