Este miércoles, 16 de octubre, Justicia, Encuentro y Perdón expusieron a través de su cuenta de X, que siguen recibiendo denuncias de padres a cuyos hijos adolescentes detenidos arbitrariamente en el contexto electoral del pasado 28 de julio, se le obliga a declararse culpables en las audiencias preliminares, violando los derechos humanos.
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“Seguimos recibiendo denuncias de madres y padres a cuyos hijos adolescentes detenidos en el contexto electoral del #28J se les sigue intentando obligar a declararse culpables en las audiencias preliminares, lo cual es una gravísima violación a sus derechos humanos, pues de acuerdo con el artículo 49 numeral 5 de la Constitución “ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma… La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza”; pero además constituye una afrenta a su dignidad que ocasiona mayor sufrimiento emocional extensivo a todas las familias víctimas de este patrón”, comienza el escrito de la organización.
Luego expresan su preocupación y rechazo a la obligación de la representación legal de la Defensoría Pública, ya que se les ha impedido contactar a abogados de confianza, esto a su vez, contribuye a las irregularidades en los procesos y al irrespeto a las garantías judiciales.
“Es muy preocupante y motivo de absoluto rechazo las denuncias sobre las actuaciones de la Defensoría Pública a la cual han sido obligados a aceptar como representación legal ya que les han impedido nombrar abogados de confianza, pues lejos de defender los derechos de estos jóvenes y promover los elementos de prueba aportados por las familias contribuyen con las irregularidades en los procesos y el irrespeto a las garantías judiciales”.
Para finalizar exigen el cese de estás prácticas contra los derechos humanos y el Estado de Derecho, “Exigimos el cese de estas prácticas contra los derechos humanos y el Estado de Derecho. Recordamos una vez más que la Constitución y las leyes establecen que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y el Estado está en la obligación de hacer valer tales preceptos”.