La tarde de este viernes, 11 de octubre, la ONG recibió graves denuncias de los familiares de aquellos jóvenes que están presos en cárceles comunes, debido a las protestas en rechazo a los resultados que anunció el CNE en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
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Familiares le contaron a la ONG Provea, que adentro de las cárceles Tocuyito, Tocorón, Rodeo y Las Crisálidas, se está presionando y amenazando a los jóvenes detenidos para que admitan delitos que el Ministerio Público les ha imputado sin pruebas y sin garantías del debido proceso de ser defendidos por los abogados.
Más de 2000 personas detenidas por razones políticas en el marco de la represión post-electoral están siendo acusadas de terrorismo, un delito que, de acuerdo a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Lodofat), contempla penas de entre 25 a 30 años de prisión, indicó Provea.
Por otro lado, se dice que funcionarios del Estado estarían coaccionando a los privados de libertad bajo amenazas de ser pasados a juicios sin ningún tipo de beneficio procesal, e incluso, mediante el sometimiento a torturas y tratos crueles, que incluyen golpizas, negación de alimentos y medicinas, y restricciones para recibir visitas.
“Recordamos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha establecido que el concepto de tortura y tratos o penas crueles no se limita solo a las prácticas de violencia física o psíquica, sino que incluye también las condiciones de detención que no respetan la dignidad humana, lo que ocurre en casos de hacinamiento, malas condiciones de reclusión, sanciones disciplinarias abusivas, falta de atención médica, ausencia de alimentación adecuada y agua potable, y carencia de recursos para atender las necesidades básicas de las personas detenidas, entre otros”, manifestó la ONG Provea en sus redes sociales, rechazando las presiones y amenazas contra los detenidos.
Señalan que a los privados de libertad se les estaría obligando a firmar y poner sus huellas digitales en papeles en blanco, lo que constituye “un fraude procesal masivo y una nueva y abierta violación de las garantías judiciales de los detenidos”.
Los familiares exigen que se detenga el maltrato físico y psicológico al que están siendo sometidos los detenidos y todo el núcleo familiar.