En Venezuela existen 1.905 presos políticos, de acuerdo al Foro Penal, una ONG venezolana que lleva años haciendo un minucioso seguimiento al tema de los derechos humanos en el marco de la conflictividad política del país. Esta es la cifra es la más alta de todo el continente americano, por encima de Cuba y Nicaragua -el primero, unos 1.100; unos 50 en el segundo-. Este dígito sextuplica el registro existente antes del 28 de julio, día de las elecciones presidenciales -entonces era de 301 presos-, lo que supone el mayor en 25 años de revolución bolivariana, y, con toda seguridad, el más alto en el país en varias décadas.
Por Alonso Moleiro | EL PAÍS
Desde el día de las elecciones hasta hoy, cuando la represión del chavismo ha arreciado por su negativa a reconocer su derrota a manos de la oposición, han sido detenidas 1767 personas en Venezuela, según Foro Penal. Muchos son importantes dirigentes de la oposición, -el último, Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo, acusado de corrupción-; un número grande de activistas regionales, responsables electorales y cuadros medios de los partidos opositores; dirigentes de la sociedad civil y 12 periodistas. También, muchos manifestantes indignados, vecinos anónimos, cientos de ciudadanos que salieron a protestar enfurecidos e incrédulos por los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) dando ganador a Nicolás Maduro.
Entre otros, han sido llevados a prisión, con diversos argumentos, el abogado del comando opositor Perkins Rocha; el Secretario General del partido Voluntad Popular, Popular Superlano; el exdiputado independiente Américo De Grazia; la activista civil Rocío San Miguel; el periodista y miembro de Voluntad Popular, Roland Carreño; el activista Javier Tarazona, el exdiputado Biaggio Pillieri, del partido Convergencia, y el activista civil Ricardo Estévez de la Asociación Civil Súmate.
Vente Venezuela, fundado por María Corina Machado, es el partido de la oposición que tiene más cantidad de militantes presos, con 44, incluyendo a toda su dirección nacional, informa Magalli Meda, jefa del comando de Machado desde su cuenta en la red social X. La propia Meda permanece asilada en la embajada de Argentina en Caracas junto a otros cinco dirigentes opositores. Le siguen Primero Justicia, con 34 militantes presos; Voluntad Popular, con 22; Encuentro Ciudadano con 11 y Acción Democrática, con 10 dirigentes políticos presos.
La ONG Provea, especializada en Derecho Humanos, asegura que 25 personas fueron asesinadas en los días posteriores a las elecciones, la gran mayoría en protestas callejeras. Desde las elecciones, particularmente en el mes de agosto, se reportan “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos sin orden judicial y actos de violencia por parte de las autoridades”. En líneas generales, son acusados por el estado revolucionario chavista de orquestar un movimiento para desconocer a las autoridades, crear zozobra y promover un golpe de Estado. El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, ha denunciado que este complot tiene su génesis en operaciones militares, ya presuntamente desmanteladas, como una que el oficialismo ha denominado Brazalete Blanco, que en teoría se fraguó a comienzos de este año.
Para ellos, el propio Nicolás Maduro, el presidente, ha prometido “justicia” y ha ordenado la ampliación inmediata de varias prisiones en el centro del país, como Tocorón y Tucuyito, además de algunas mejoras en otros retenes, para darle cabida a estos prisioneros, que ahora deberán enfrentar juicios ante las autoridades por terrorismo, traición a la patria o promoción del odio.
A diferencia de lo que ocurría antes, tal y como lo reportan varios activistas de derechos humanos, el Estado impide a los reos escoger a su defensa y les impone un abogado estatal para representarlo.
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