Un calamitoso camino le ha tocado atravesar a Javier Oropeza, alcalde opositor del municipio Torres, la segunda jurisdicción más importante del estado Lara.
Hoy en un exilio forzado, Oropeza luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, padeció en carne propia la persecución y el amedrentamiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro. A él y a su equipo de trabajo, entre otros supuestos delitos, los acusan de omisión y los responsabilizan por los diferentes hechos violentos registrados en Carora en los días posteriores a los comicios.
La recia cacería comenzó el 29 de julio luego de que se presentara una situación irregular a las puertas de la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), donde una protesta protagonizada por algunos factores de oposición se tornara violenta.
En medio de complicado contexto, sostuvo el alcalde en entrevista para lapatilla.1eye.us, que emitió un comunicado a la población torrense, donde además hizo un llamado a la calma y la paz. En ese mismo documento le manifestó al prefecto del municipio Torres, quien fungía como representante de la Gobernación de Lara en esa jurisdicción, que por ser un ente municipal no disponía de organismos de seguridad, así como tampoco tenía competencias sobre los diferentes organismos estatales.
El mandatario local detalló que aproximadamente a las 3:00 de la tarde del 30 de julio, la situación frente al Psuv comenzó a salirse de control, y que a pesar de estar acordonada por funcionarios de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana, estos terminaron retirándose del lugar.
Resaltó que en medio de estas circunstancias resultó herido un joven identificado como Walter Páez Lucena, quien falleció unos días después de haber sido ingresado al Hospital Central de Barquisimeto.
Lo señalan por omisión
Oropeza comentó que la persecución contra él, su equipo y colaboradores comenzó luego de que el ministro de Información y Comunicación, Freddy Ñáñez, lo acusara directamente de omisión por el incendio en la sede del Psuv. La radio comunitaria Venceremos solicitó a la Fiscalía de la República investigar estos hechos.
Desde entonces, inició el suplicio para Oropeza, su familia y su equipo de trabajo en la alcaldía.
Contó que una vez que se supo de estas falsas acusaciones, debió resguardarse. Mientras estaba escondido, hubo un intento de secuestro hacia sus dos hijas (10 y 12 años), quienes al momento de trasladarse hacia la residencia de su abuelo materno en Barquisimeto, fueron perseguidas por funcionarios de seguridad, que al parecer, pretendían secuestrarlas.
En medio de esa situación detalló el alcalde que gracias a la rápida acción de los vecinos, estos lograron proteger a las niñas y las mantuvieron resguardadas por al menos ocho días, hasta que lograron encontrarse con su madre.
Allanamientos e incautación
El 6 de agosto, el régimen arreció la presión hacia Oropeza y decidió allanar su vivienda, así como también el diario El Caroreño, ambos ubicados en la Zona Colonial de Carora.
Precisó que los funcionarios ingresaron a las instalaciones sin ningún tipo de orden, y argumentaron que se trataba de “una orden presidencial”. Hasta la fecha, tanto su vivienda como la sede del periódico están incautadas, y se enteró de que también fueron desvalijadas.
Como si los allanamientos al diario El Caroreño y su vivienda no hubieran sido suficientes, las autoridades le pusieron el ojo a su finca que, además, es un centro de recría e investigación genética de la raza Senepol – Carora.
Es necesario mencionar que la finca es un patrimonio familiar que ha pasado de generación en generación, lo que confunde a Oropeza quien ha manifestado que sus bienes no son provenientes de hechos de corrupción, razón por la cual rechaza que el Gobierno haya actuado contra una propiedad, que es producto de muchos años de trabajo familiar.
Se presume que funcionarios del Sebin y Conas son los que mantienen tomadas sus propiedades. También incautaron el edificio del Diario de Lara en Barquisimeto, medio de comunicación vespertino que también pertenece a Oropeza y que dejó de funcionar desde hace algunos años.
Mencionó el mandatario torrense que hasta el momento no se le ha permitido ni a sus abogados ni a sus familiares, el acceso a las propiedades incautadas, por lo que no han podido conocer el estatus de esos procedimientos.
Equipo de gobierno resguardado
Todo el gabinete de gobierno de Oropeza está resguardado. Los directores de la alcaldía y dos concejales de la fracción opositora de la Cámara Municipal de Torres también están siendo acusados, así como otros dirigentes opositores de la ciudad, cuyas viviendas también han sido allanadas.
El pasado 8 de agosto, comentó el burgomaestre que fue detenido el director de gobierno abierto, Endrick Medina, cuando estaba saliendo del Palacio Municipal.
En medio de la ausencia temporal, Javier Oropeza nombró a la licenciada Iraida Timaure como alcaldesa encargada del municipio y para poder darle curso al decreto, este debía ser publicado en la Gaceta Oficial, cuya oficina se rige por el Concejo Municipal, el cual es de mayoría oficialista.
Este órgano no hizo la publicación del decreto, por lo que el contencioso administrativo admitió el amparo a favor de ellos (bancada oficialista), y en menos de los 15 días reglamentarios nombraron a una alcaldesa encargada. “Aquí lo que hay es un alcalde ausente porque no me han permitido defenderme”, puntualizó.
Carora militarizada
Así como el alcalde, su familia, su equipo y colaboradores cercanos han sido objeto de persecución y amedrentamiento, así mismo ha sido sometida la población en Carora, que vive momentos de incertidumbre y angustia diaria con la presencia de cuerpos de seguridad del Estado en toda la ciudad.
Esto ha traído como consecuencia que muchas personas opten por resguardarse.
Aseguró Oropeza que las medidas aplicadas en su contra son acciones completamente políticas, donde no se le ha permitido el derecho a la defensa, así como tampoco conocer el estatus judicial.
Por esa razón ve con preocupación lo que está sucediendo en el país, donde la población en general está sumida en el miedo. Por eso desde el exilio forzado sigue abogando para que haya un entendimiento y el país retome la senda de la paz.
“Hemos hecho un llamado al fiscal general de la república a que pongan los ojos sobre Carora”, mencionó al tiempo en que solicita se haga una investigación seria de los hechos.
“Seguiré en el exilio hasta que me den garantías de regresar”, aseguró y agregó que estarán resguardados hasta que garanticen el derecho a la defensa.
Aseveró que se mantiene con la frente en alto, trabajando y convencido de que no ha obrado mal. Catalogó estas acciones como un irrespeto a la voluntad del pueblo manifestada el 21 de noviembre del año 2021 cuando resultó electo como alcalde del municipio Torres. “La esperanza sigue intacta, y a pesar de las adversidades, nuestro ánimo de lucha continúa”.