Los puentes fronterizos siguen plenamente abiertos. Ni siquiera el paro camionero, con el que lidió el Gobierno de Gustavo Petro esta semana, detuvo el flujo de personas y vehículos por el Simón Bolívar, el más tradicional de los cruces que conectan a Colombia con la vecina Venezuela, sacudida por una crisis poselectoral que ya cumple más de un mes sin salidas a la vista. Es jueves al mediodía en La Parada, el asentamiento que ha crecido en la boca del puente del lado colombiano, y las personas que van y vienen bajo un sol abrasador que rebota contra el asfalto no se detienen, como de costumbre.
Por Santiago Torrado | EL PAÍS
Los cruces binacionales han sido el embudo de uno de los mayores flujos de personas en el mundo. Casi tres millones de venezolanos se han asentado en Colombia, por mucho el principal país de acogida de la diáspora. El Simón Bolívar, que comunica la zona metropolitana de Cúcuta con San Antonio del Táchira, se ha visto en varios momentos desbordado por las sucesivas oleadas de migrantes que han salido empujados por la hiperinflación, la inseguridad o la escasez de alimentos y medicinas en los años que lleva Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Sin embargo, ha estado menos concurrido de lo habitual a lo largo de esta inusual semana, marcada por los bloqueos de camioneros y transportadores –hasta 21 en el departamento de Norte de Santander–, que no llegaron a paralizar a la mayor urbe colombiana sobre la frontera y se levantaron el viernes.
Aunque todavía se asoma uno que otro carruchero, jóvenes desposeídos que cargan paquetes por unos pocos billetes, y persiste algún trochero que se ofrece a llevar personas por los caminos informales, el Simón Bolívar ha vuelto a ser un puente esencialmente vehicular después del restablecimiento de relaciones con la llegada de Petro al poder. Los días en que miles de peatones transitaban sin descanso se antojan lejanos. Aunque siempre habrá trochas activas en una frontera tan porosa, con más de 2.200 kilómetros, los carrucheros han cedido su lugar a los carros y los mototaxistas, que parecen omnipresentes y ofrecen viajes a las poblaciones cercanas a lado y lado. Ya no están las carpas ni las vallas, y los pitos han relevado aquel sonido de las ruedas de maletas y carritos que transportaban todo tipo de mercancía, la banda sonora que caracterizó el lugar durante los largos años de diferencias irreconciliables entre Bogotá y Caracas.
Con Maduro atrincherado en proclamarse ganador de las elecciones del 28 de julio sin mostrar ninguna prueba de ese resultado, Petro persiste en un intento de mediación para desbloquear la situación. El presidente de Colombia insiste en pedirle a Maduro que muestre las actas electorales y evite la represión de la oposición, que defiende el triunfo de Edmundo González luego de haber recolectado y publicado la casi totalidad de las famosas actas. “De nuestra parte las poblaciones fronterizas pueden sentirse tranquilas”, declaró Petro a mediados de agosto, cuando postuló su fórmula para una salida negociada que incluía “nuevas elecciones libres”, una idea rechazada desde ambas orillas. “Las fronteras seguirán abiertas para mejorar la prosperidad común de nuestros pueblos”, prometió entonces.
Por aquí han pasado también decenas de perseguidos políticos que huyen de la represión desatada por el chavismo, que incluye a dirigentes opositores, líderes estudiantiles, defensores de derechos humanos, periodistas o testigos electorales. Su presencia, sin embargo, no es palpable en Cúcuta, pues tienden a seguir su camino hacia otros lugares de Colombia. Sitiada por un archipiélago de bandas y grupos armados, no les inspira confianza. “Este ha sido un año dramático para nosotros en términos de violencia; Cúcuta hoy no es una ciudad segura para nadie”, apunta Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos y director de la fundación Progresar. “El Gobierno se equivocó al pensar que solo el restablecimiento de las relaciones y el intercambio comercial iban a solucionar los problemas de la ciudad”, se lamenta.
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