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En el mes de agosto documentamos al menos 56 casos y 101 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, marcados principalmente por actos de censura, intimidación y hostigamiento en un contexto de manifestaciones y conflictividad política.
De todas las violaciones registradas, 27 fueron actos de censura, 22 de intimidación, 16 de hostigamiento judicial, 15 restricciones administrativas y 12 de hostigamiento verbal.
Los casos afectaron a 67 víctimas, destacando 18 medios de comunicación, 13 periodistas, 12 páginas o plataformas web y 11 particulares. También documentamos 18 detenciones arbitrarias: nueve particulares, siete periodistas, un camarógrafo y un miembro de ONG.
Las violaciones a la libertad de expresión en agosto fueron perpetradas por 77 victimarios, en su mayoría vinculados con el Estado venezolano. Entre ellos se encuentran 31 instituciones del Estado, 18 cuerpos de seguridad, 10 funcionarios, ocho operadoras privadas y seis personas vinculadas al Poder Ejecutivo.
Detenciones arbitrarias
A través de su cuenta en Instagram, la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) promocionó la detención arbitraria de las y los ciudadanos que difundieron información crítica con el gobierno en redes sociales y en aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp.
El ciudadano Jesús Alexander Suárez fue detenido el 1 de agosto por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Puerto Cabello, estado Carabobo (centro), por crear y difundir un video en la red social TikTok en el que menciona a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello.
Tras su detención, Suárez fue grabado “confesando” bajo coacción y el video fue publicado en la cuenta de Instagram del coronel Alexander Granko Arteaga, miembro de la DGCIM mencionado en informes de la ONU por violaciones de DD. HH.
Una ciudadana de 43 años fue detenida en la tarde del 1 de agosto en Ocumare del Tuy, estado Miranda (norte), por escribir la palabra “libertad” en una calle, con la harina de maíz que comercializa el gobierno de Maduro a través del programa CLAP, y viralizarse en redes sociales. Fue arrestada por el presunto delito de “incitación al odio”.
El ciudadano Jesús Manuel Martínez fue detenido por funcionarios de la Policía regional del estado Anzoátegui (noreste) por utilizar su teléfono celular “para difundir contenido relacionado con delitos de promoción e instigación al odio”, según un parte policial reseñado por el medio local El Tiempo.
Funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a un ciudadano en el estado Aragua (centro) por fabricar y estampar franelas con una foto que se viralizó en redes sociales, en la que se ve a un joven derribando una estatua de Hugo Chávez. Al ciudadano, además, lo vincularon con los partidos opositores MUD y Voluntad Popular, con intención de criminalizar su actividad legítima.
Presuntos funcionarios de DAET y DGCIM detuvieron al ciudadano José Luis López en su residencia en Ciudad Tavacare, en Barinas (oeste), por publicar un video afín a la oposición en un grupo de WhatsApp, según denunció la Fundación de Derechos Humanos Los Llanos (Fundehullan).
La ciudadana Iris Rincón fue detenida por funcionarios de la GNB en Maracaibo, estado Zulia, luego de publicar un video en TikTok en el que critica a Nicolás Maduro y los alimentos que se entregan a través del programa CLAP. A través de X, el comandante general de la GNB, Elio Estrada Paredes, indicó que Rincón fue acusada de “instigación al odio”, a la vez que compartió un video donde se disculpa por lo que dijo y asegura que le pagaron para grabarlo.
El medio regional El Vistazo informó que un juez antiterrorismo de Caracas dictó privativa de libertad contra el ciudadano y creador de contenidos Eleangel Navas, quien fue detenido el 3 de agosto en El Tigre, estado Anzoátegui, y acusado de “terrorismo” e “instigación al odio”.
Navas además es community manager de un diario digital de El Tigre y fue imputado por “presunta manipulación de información y difusión de videos que generaban zozobra”.
Periodistas
La fotógrafa de la Alcaldía del municipio Carrizal del estado Miranda, Deysi Peña, fue detenida el 1 de agosto por funcionarios de Polimiranda mientras estaba en la estación de servicio Los Nuevos Teques, en los Altos Mirandinos. Peña fue detenida por tomar fotografías de una protesta el 30 de julio y publicarlas en redes sociales.
Funcionarios militares detuvieron el 1 de agosto al periodista Iván Núñez y el camarógrafo José Luis Tapia, del equipo reporteril del canal chileno Televisión Nacional de Chile (TVN), y deportados al día siguiente. Ambos trabajadores ingresaron legalmente por la frontera con Colombia y fueron detenidos cerca del estado Barinas (oeste).
Autoridades venezolanas detuvieron y expulsaron al periodista italiano Marco Bariletti y al camarógrafo Ivo Bonito, ambos enviados a cubrir la crisis política en Venezuela para el medio italiano Rai News. Tras aterrizar en el Aeropuerto de Maiquetía desde Portugal, fueron apartados de los demás pasajeros e informados de su expulsión tras revisar sus documentos.
El partido opositor Voluntad Popular denunció la detención y desaparición forzada del periodista y activista Roland Carreño, quien estuvo detenido de forma arbitraria durante casi tres años en la sede del SEBIN del Helicoide, en Caracas.
El periodista español y director de The Objective, Álvaro Nieto, fue expulsado de Venezuela y enviado a España durante la madrugada del sábado, 3 de agosto, y no recibió ninguna explicación oficial sobre su deportación. Nieto fue interrogado durante dos horas por las autoridades para luego, sin mediar explicación, ser conducido por policías al interior de un avión de la compañía Estelar.
Sujetos encapuchados, presuntamente pertenecientes a la DGCIM, detuvieron al periodista y activista político José Gregorio Camero en Valle de la Pascua, estado Guárico (centro). De acuerdo con el SNTP, la detención ocurrió luego de una manifestación de la oposición en el municipio Infante. A Camero lo bajaron de un carro y lo montaron en una camioneta rumbo a un hotel de la región donde opera la DGCIM.
El ministro de Comunicación e Información de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, hostigó y acusó a los periodistas Orlando Avendaño y Emmanuel Rincón de ser responsables de presuntas muertes de dos mujeres afectas al oficialismo en el contexto de las protestas post elecciones.
“A Avendaño y Rincón les va llegando la hora de hacerse cargo de su presunta responsabilidad en al menos 2 femicidios cometidos por los autodenominados ‘comanditos’”, dijo el ministro en su cuenta de X.
El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, hostigó y acusó el 8 de agosto al periodista Juan Carlos Fernández de “dirigir una guerrilla comunicacional a disposición de (la líder opositora) María Corina Machado”. El dirigente oficialista acusó sin pruebas que Fernández “cuenta con financiamiento de una red de empresarios vinculados a Machado” para posicionar información y “desestabilizar” Maracaibo y otros municipios del estado Zulia (oeste).
El 9 de agosto el periodista Eugenio Martínez, que cubre la fuente electoral, alertó que funcionarios encubiertos se instalaron cerca de su residencia y hostigaron a su madre y a los vecinos de la zona. “Enviar policías encubiertos a hostigar a mi mamá, una mujer enferma -y a sus vecinos- no va a cambiar las omisiones del CNE”, dijo el comunicador.
Funcionarios de seguridad del Estado detuvieron durante la noche del 16 de agosto al editor del portal web La Sapa del Orinoco, Gilberto Reina. El hecho ocurrió en su residencia en Ciudad Bolívar, estado Bolívar (sur), según informó Diario El Progreso en su cuenta de Instagram.
La detención arbitraria de Reina se produjo horas después de que el comunicador publicara un video en su cuenta personal de Instagram llamando a participar en la protesta mundial convocada por la oposición, en rechazo a los resultados anunciados por el CNE en la madrugada del 29 de julio.
Efectivos de la GNB atacaron e intentaron detener al periodista del diario El Periodiquito, David Marcano, mientras cubría una protesta convocada por la oposición en la plaza Bicentenario de Maracay, estado Aragua, el 17 de agosto.
Marcano contó a Espacio Público que la agresión ocurrió cuando decidió grabar y reportar la represión con bombas lacrimógenas a los presentes en la plaza, entre quienes había niños y adultos mayores.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció la detención arbitraria del periodista Víctor Ugas tras una confrontación con el creador de contenidos Emmanuel Marcano. Ugas fue presentado ante tribunales el 18 de agosto y le imputaron el delito de “instigación al odio”.
El tiktoker Emmanuel Marcano fue invitado el 19 de agosto al programa semanal de Nicolás Maduro, donde el presidente tildó de “fascismo” la agresión y pidió “aplicar todo el peso de la ley”. En su programa, Maduro también atacó e insultó a artistas, humoristas y creadores de contenido venezolanos que han mostrado apoyo a la oposición en el contexto postelectoral, como Lele Pons y George Harris.
La periodista del medio digital La Patilla, Ana Carolina Guaita, fue detenida de forma arbitraria el 20 de agosto por funcionarios del SEBIN en la parroquia Maiquetía del estado La Guaira (norte).
Familiares de la periodista confirmaron al SNTP que fue detenida en la urbanización El Rincón de Maiquetía. Según informó en X el director de Punto de Corte, Nicmer Evans, Guaita fue “secuestrada como método de presión para extorsionar a sus padres para que se entreguen”.
Funcionarios de la PNB detuvieron el 25 de agosto a la periodista de espectáculos Carmela Longo, tras llegar a su residencia en Caracas con una orden de allanamiento. Según informó en su cuenta de X el SNTP, los efectivos de la PNB también se llevaron detenido al hijo de Longo y confiscaron sus equipos de computación.
La periodista de espectáculos fue trasladada a la sede de la Dirección de Investigación Penal (DIP) en el sector Maripérez, en Caracas. Longo fue excarcelada el 26 de agosto luego de una audiencia telemática en la que fue imputada por terrorismo e incitación al odio, según informó el SNTP. Se mantiene bajo régimen de presentación, con prohibición de salida del país y de declarar o escribir sobre su caso.
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