Durante la campaña electoral, Nicolás Maduro prometió un “baño de sangre” en Venezuela si el chavismo no ganaba las elecciones del 28 de julio. Apalancado por todo el aparato estatal, controlado por el régimen, el dictador se proclamó ganador de los comicios sin presentar las actas electorales. Pese a su presunta victoria, el mandatario chavista cumplió con su amenaza e inició, una vez más, una brutal ola de violencia y persecución contra la oposición venezolana y contra todos aquellos que se atreven a discutir los resultados electorales y denunciar fraude.
Por Lucas Goyret | Infobae
Pasado poco más de un mes de las elecciones, y con más de 25 personas asesinadas en el contexto de las protestas, más de 2400 detenidos arbitrariamente, y al menos 50 desapariciones forzadas, la ONG Provea sostiene que el país está sumido bajo “un terrorismo de Estado”.
Alfredo Romero, abogado defensor de derechos humanos y director de la ONG Foro Penal, sostuvo días atrás que la organización registró “el número más alto de presos políticos en la historia de Venezuela en el siglo XXI”.
Según esa ONG, hasta el pasado 26 de agosto en el país se registraban 1780 presos políticos, de los cuales 1581 fueron detenidos desde el 29 de julio, un día después del fraude electoral cometido por el dictador chavista.
De esos detenidos, 1624 son civiles y 156 militares. Además, 114 son adolescentes. “La situación postelectoral incluye detenciones a personas que solo salieron a protestar”, afirmó Romero al canal NTN 24.
En los últimos días decenas de familiares se trasladaron hacia el penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, donde están recluidos cientos de menores y jóvenes acusados de “terrorismo” por salir a protestar. De acuerdo a lo denunciado por los familiares y organismos de derechos humanos, a los adolescentes detenidos no se les permite hacer llamadas a sus familias ni tener acceso a un abogado.
Este alarmante aumento de las detenciones se da en el marco de la “Operación Tun Tun” ejecutada por la dictadura, a través de la cual el régimen detiene y persigue a quienes cuestionan los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) chavista.
Además de los miles de civiles detenidos por atreverse a salir a protestar, la ola de detenciones también incluye a más de 20 dirigentes políticos de la oposición.
Desde el antichavismo sostienen que el objetivo del régimen, en medio de la creciente presión internacional tras el fraude electoral, es debilitar el liderazgo de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia secuestrando a funcionarios de su círculo cercano.
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