La Plataforma Unitaria Democrática lanzó este jueves 29 de agosto un comunicado denunciando lo que considera una persecución política injusta contra Edmundo González Urrutia.
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La organización se muestra preocupada por las acusaciones que el Fiscal General ha formulado contra González Urrutia, las cuales se fundamentan en la posesión de copias de las actas de escrutinio emitidas por las máquinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 28 de julio. Estas actas, aseguran, fueron obtenidas de manera legítima por los testigos de las mesas de votación, conforme a la normativa legal vigente.
Las actas de escrutinio son un elemento fundamental del sistema electoral automatizado venezolano. Según el artículo 144 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), “la totalización de resultados se basa en el procesamiento de actas de escrutinio”, que reflejan la voluntad de los electores en cada mesa. La ley establece claramente que estas actas deben estar disponibles para los testigos de cada candidato al finalizar el proceso de votación, permitiendo así una verificación y transparencia en el proceso electoral. El artículo 337 del Reglamento General de la LOPRE respalda esta práctica, garantizando el derecho de los testigos a comparar las actas oficiales con las copias proporcionadas.
En su comunicado, la Plataforma Unitaria destaca que “digitalizar y resguardar las actas de escrutinio que por derecho nos corresponden no es un delito”. Añade que no existe ningún impedimento legal para que estas actas sean publicadas después del primer anuncio de resultados por parte del CNE, con el fin de que la ciudadanía pueda conocer y verificar la transparencia del proceso. Este derecho a la participación ciudadana está consagrado en el artículo 62 de la Constitución. Como ejemplo, recuerdan que en 2013 Jorge Rodríguez publicó resultados en la página del PSUV tras la elección presidencial, sin que ello fuera considerado un delito.
La Plataforma también subraya que el CNE aún no ha cumplido con su deber constitucional de presentar resultados desglosados por mesa de votación, tal como lo exige la Constitución y las leyes venezolanas. “No pretendan convertir en delito el legítimo reclamo de que los resultados oficiales del CNE se ajusten a la voluntad expresada por el pueblo de Venezuela el 28 de julio”, insta la Plataforma, enfatizando que tal ajuste es un mandato del artículo 5 de la Constitución.
Finalmente, la Plataforma Unitaria Democrática hace un llamado a las autoridades y a la comunidad internacional para que se garantice el respeto a los derechos democráticos en Venezuela. “La persecución política no puede ser utilizada como herramienta para silenciar las voces que exigen transparencia y respeto a la voluntad popular”, concluye el comunicado.
