La Organización de Estados Americanos (OEA) analiza hoy los crímenes de lesa humanidad ordenados por Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder, tras cometer un histórico fraude electoral destinado a evitar que la coalición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado recupere la democracia en Venezuela.
Por infobae.com
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará en sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA un minucioso informe sobre los asesinatos, violaciones, torturas y persecución a la prensa ejecutados por el aparato represivo que protege al régimen populista.
La sesión extraordinaria del Consejo Permanente fue solicitada por Paraguay junto a las representaciones de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Perú y Uruguay.
Y sucederá horas antes de la marcha de la oposición convocada por María Corina Machado y González Urrutia. Será un acontecimiento político que pondrá en jaque al gobierno autoritario de Maduro, que ayer designó a Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia.
Hace unos días exigieron que retire de los fundamentos de un proyecto de Resolución la mención a ese dossier de la CIDH, y ahora actúan con extrema cautela diplomática ante hechos atroces y aberrantes que ya fueron denunciados por el Centro Carter, la ONU, la Unión Europea y hasta la propia OEA.
Las posiciones antagónicas entre los países que condenan a Maduro y los estados miembros que se mueven con premeditada cautela exhiben la fractura tácita en la OEA.
El foro tiene un bloque que lidera Estados Unidos junto a Canadá, Paraguay, Argentina y Uruguay, mientras que al otro lado del escenario multilateral se encuentra una entente que integran Brasil, México, Colombia y determinadas islas del Caribe que compran petróleo baratísimo en Venezuela.
La exposición de la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) se apoyará en un exhaustivo informe que desnuda los sistemáticos crímenes contra la humanidad que ordenó Maduro y ejecutó su aparato represivo.
Ese documento oficial, publicado el 15 de agosto, se completará con la información vinculada al fallo irregular del Tribunal Superior de Justicia y los actos represivos de los últimos días.
“Entre el 28 y el 30 de julio, se registraron denuncias de abuso de la fuerza pública contra las manifestaciones. La violencia resultó en la muerte de al menos 23 personas. Información preliminar señala que las víctimas eran hombres de entre 15 y 56 años y la mayoría provenientes de zonas populares del país. Asimismo, todas habrían muerto como consecuencia de disparos de arma de fuego, algunos en la espalda o en la cabeza”, afirma el informe bajo el título Uso Arbitrario de la Fuerza.
A continuación, en el capítulo referido a Detenciones Arbitrarias y Desapariciones Forzadas, la presentación asegura: “La CIDH ha recibido información sobre un patrón de violaciones a la libertad personal. Entre el 28 de julio y el 13 de agosto, organizaciones de sociedad civil han registrado al menos 1.393 personas detenidas, incluyendo 182 mujeres; 117 adolescentes; 17 personas con discapacidad, 14 personas indígenas y 7 periodistas y trabajadores de la prensa. Se han recibido reportes de detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas de corta duración en las que se habrían cometido actos de violencia sexual contra mujeres y otros actos que podrían constituir tortura. Las personas detenidas son trasladadas a centros de detención de manera secreta, sin que sus familias tengan conocimiento de su paradero o estado físico”.
El dossier del foro regional también hace referencia a la desaparición de la libertad de prensa en manos de los grupos de tareas que responden a las órdenes de Maduro. Se trata de un capítulo clave que permite entender cómo funciona el regimen populista:
“La RELE (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión) ha recibido información sobre la escalada represiva y los ataques sistemáticos dirigidos contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que difunden información de interés público de especial trascendencia en el contexto poselectoral. Desde el 28 de julio, se han registrado aproximadamente 108 casos de vulneraciones a la libertad de expresión, que incluyen la detención arbitraria de periodistas y trabajadores de la prensa bajo acusaciones infundadas de ´instigación al odio´ y ´terrorismo´, anulación de pasaportes, el cierre de medios, la confiscación de equipos y la deportación de personal de prensa internacional”, revela la presentación que elaboró la CIDH.
La sesión extraordinaria será informativa. No están los votos garantizados para transformar al dossier de la CIDH en un proyecto de resolución que condene los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura venezolana.
El petróleo de Maduro todavía influye en la OEA.