La Fiscalía General de la República ha citado a Edmundo González Urrutia para el martes, por segundo día consecutivo, después de que el ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela no compareciera este lunes a la “entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho”. El Ministerio Público chavista acosa al diplomático por la publicación y mantenimiento de la página web con las actas electorales del 28-J.
Por Daniel Lozano | EL MUNDO
Transcurridas más de cuatro semanas de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha hecho pública una sola acta más allá del resultado forjado que concede el triunfo a Nicolás Maduro, pese a haber obtenido cuatro millones de votos menos que Edmundo González. Sólo gracias al hito ciudadano que durante 48 horas consiguió copias del 83% de las actas, las ocultó, fotografío, escaneó y subió a una base de datos se conocen los resultados y el megafraude puesto en marcha por la revolución.
Los delitos de los que se acusa al embajador son usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración.
González adelantó su postura en la noche del domingo: “Carece de garantías de independencia y del debido proceso. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca (imputado, testigo o experto según la ley venezolana) y precalificando delitos no cometidos”.
El diplomático acusó a Tarek William Saab, el fiscal de Maduro, de comportarse reiteradamente “como un acusador político… Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso”.
El chavismo busca con su presión contra Edmundo González provocar su exilio de Venezuela, sabedor de que María Corina Machado, líder opositora, no abandonará el país pese al cerco impuesto contra ella y contra su equipo de trabajo.
“El juego de la dictadura está cantado: dan autogolpe al sagrado derecho soberano de elegir, luego para legitimarlo acuden al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que les sigue el juego del desconocimiento y ahora a cerrar el círculo con la detención de Edmundo. El ganador ahora es enjuiciado por ganar”, criticó el dirigente opositor Andres Velásquez.
“Bien pendejo si se presenta a esa trampa, el primer deber de un político contra la dictadura es mantenerse libre”, sopesó el exministro chavista Andrés Izarra, exiliado hoy en Europa.
La represión salvaje impuesta por la revolución para acallar las protestas por el megafraude acabaron con la vida de 25 personas, la mayoría jóvenes de barrios humildes. Las cárceles rebosan hoy presos políticos, al menos 1.674, mientras las autoridades continúan con nuevas detenciones y nuevos trámites carcelarios.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), ahondó en la tesis de González al asegurar que la citación no ofrece garantías, propia de la “persecución política y la violación sistemática de derechos humanos”.
La Fiscalía número 58 que persigue a González es la misma que se ha encargado de la detención de la periodista Carmen Longo, despedida del periódico chavista Últimas Noticias por disentir y apresada el domingo por agentes bolivarianos. La lista de profesionales de los medios detenidos durante la represión ha crecido hasta 10, para un total de 14 contando las capturas realizadas durante la campaña electoral.
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