Los giros inesperados de la política y de la vida han colocado a Edmundo González Urrutia ante un reto personal y político desproporcionadamente complejo y trascendente. A los 74 años, ha pasado de ser un diplomático desconocido fuera de Venezuela, con una vida familiar y centrado en sus rutinas académicas, a colocarse en el vórtice de una grave crisis de Estado, triunfante en lo político, pero indefenso ante la fuerza de las armas. Proclamando, e intentando hacer valer, un triunfo electoral que ha desatado la ira del oficialismo chavista.
El Gobierno de Venezuela lo acusa, junto a María Corina Machado, de estar detrás de un plan para desconocer los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que dieron ganador a Nicolás Maduro, y desatar la violencia en las calles con el objeto de deponer al Gobierno. Además, ha sido objeto de una feroz propaganda que le retrata como un oscuro personaje del mundo paramilitar y fascista latinoamericano desde finales del siglo XX, presuntamente vinculado a procedimientos extremistas en Centroamérica en sus tiempos de diplomático.
Los señalamientos contra González Urrutia no se han formalizado en los tribunales, pero están a punto. La Fiscalía lo ha citado a declarar este lunes por la presunta comisión de los delitos de “usurpación de funciones, forjamiento [falsificación] de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delito informático, asociación para delinquir y conspiración”. El fiscal general, Tarek William Saab, ha señalado: “Que hable, de manera consecuencial y sucesiva, de su responsabilidad en el antes, el durante y el después del 28 de julio, por su contumacia y su desobediencia a las autoridades”. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, anunció que remitió a la Fiscalía “información de interés penal” sobre González Urrutia y María Corina Machado, y agregó que aquel habría incurrido en “desacato” ante el máximo tribunal del país.
Las actas digitalizadas y colgadas en una página web por el comando de campaña opositor, que equivaldrían a más del 80% del escrutinio, refrendan un triunfo de González Urrutia por el 67% de los votos frente al 30% de Maduro. El proceso de recolección y publicación de los documentos en una web que no ha podido ser desalojada de la red ha supuesto un golpe comunicacional que ha fortalecido la idea de la victoria de la oposición en el país y fuera de Venezuela. Todo ello ha agravado el enfado entre las autoridades, quienes ahora plantean cargos por usurpación de funciones y falseamiento de documentos públicos. El aparato chavista cívico-militar, un monstruo de mil cabezas, ha perdido mucho arraigo entre la población, pero parece tener intactos sus kilogramos de poder en las estructuras del Estado.
González Urrutia fue el único candidato que no se presentó al “peritaje” de las actas organizado por el Supremo a solicitud del Palacio de Miraflores, demandando —además de su seguridad personal— que sea el Consejo Nacional Electoral el órgano encargado de auditar el proceso y cotejar las actas de votación.
Entre amenazas de prisión y duros epítetos, Nicolás Maduro también le ha llamado “cobarde” y le critica reiteradamente en mítines y alocuciones televisivas. El presidente venezolano pregunta constantemente por qué “no da la cara”. El 30 de julio fue la última vez que se vio en público a González Urrutia, que vive resguardado por seguridad y solo ha publicado mensajes a través de sus redes sociales. No obstante, de acuerdo a varias fuentes de su entorno, el diplomático sobrelleva la andanada de insultos y amenazas “con mucho aplomo y serenidad”. La información en torno al paradero, sus contactos, su estrategia, es un total misterio.
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