Cerca de un mes ha pasado desde la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela y los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se mantienen como el principal tema de conversación en el país.
Corresponsalía lapatilla.1eye.us
Desde la propia madrugada del lunes 29 de julio, cuando el presidente del CNE anunció como ganador a Nicolás Maduro, comenzaron las muestras de inconformidad de la población.
Una gran mayoría está convencida de que el triunfador fue el candidato opositor Edmundo González Urrutia.
Esa seguridad tiene base en las actas electorales publicadas por la Plataforma Unitaria y de alguna forma se reafirma con el proceder del oficialismo desde entonces, que sigue sin mostrar las actas que respalden el resultado anunciado por el CNE.
Sin embargo, las acciones de la administración de Maduro no paran ahí. La persecución a dirigentes políticos y todo aquel que ponga en duda los resultados, fue en ascenso, así como las detenciones arbitrarias, la represión en manifestaciones pacíficas y la siembra del miedo desde el discurso del alto mando gubernamental.
Todo un cúmulo de acontecimientos que llevan al coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Oscar Murillo, a afirmar que Venezuela atraviesa por uno de los capítulos más oscuros de América Latina en materia de derechos humanos.
De hecho, el experto compara la situación del país con lo que vivió Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, tomando en cuenta la cantidad de detenciones arbitrarias y la narrativa para generar un terror generalizado y violar los derechos civiles y políticos de la población.
DDHH vulnerados
Murillo indicó que se debe estar consciente de la gravedad de lo que hace el gobierno venezolano, entre lo que destacan los abusos de la fuerza pública y actores no estatales (en este apartado pueden entrar los llamados colectivos).
“De esta manera se suspenden las garantías constitucionales, que involucra la libertad personal, el derecho a la vida, el derecho al debido proceso, etc. Se vulneran también los derechos a la manifestación pacífica, la libre expresión y el acceso a la justicia”, explicó.
El coordinador de Provea, Organización No Gubernamental (ONG) que ha seguido de cerca todo lo acontecido en los últimos 20 días, reiteró lo delicado que es el tema de la represión masiva aplicada por el oficialismo en las manifestaciones postelectorales.
Señaló que para estos actos suelen apelar a actores civiles armados y pro-oficialistas, además de los cuerpos de seguridad como Guardia Nacional Bolivariana (GNB) o Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Castigo a la población
Si bien es cierto que en la última década hubo períodos emblemáticos de protestas ciudadanas en contra del gobierno de Maduro, como en 2014, 2017 y 2019, para Murillo lo de 2024 es especial y alarmante.
Según dijo, los abusos registrados en las primeras dos semanas de agosto en Venezuela se pueden comparar con los de 2014 y 2017. Aunque los de este año tienen algo particular: los excesos son mayores y se han dado en un período más corto.
“La cifra oficial (más de 2.000 personas) equivale al 46% de detenciones registradas entre abril y agosto de 2017. Esto es preocupante porque las protestas de 2017 se pueden considerar como las más importantes desde ‘el caracazo’ en 1989”, aseguró el coordinador de Provea.
Agregó que “en 2019 se reportaron 31 asesinatos de manifestantes entre el 21 y 24 de febrero, mientras que entre el 29 y 30 de julio de 2024 fueron 24”.
El también profesor universitario insistió en el aumento del mecanismo de terror del Estado, “que ha desplegado la maquinaria represora desde el alto poder”.
Para el experto en DDHH todo forma parte de un plan que busca aplacar el clamor popular, pero también un castigo a la ciudadanía. Murillo argumentó esa teoría con el hecho de que la mayoría de las represiones fueron en zonas populares, lo que evidenció una pérdida de lo que era un bastión del chavismo.
Vale acotar que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reportó a mediados de agosto, que el 75% de las protestas reprimidas fueron en barrios. Esto concuerda con lo expresado por Murillo respecto al “castigo” por parte del régimen de Maduro a territorios donde tiempo atrás en elecciones eran ganadores indiscutibles.
El vocero también resaltó que hay una masificación de la persecución política con el uso extendido de las llamadas “ley antiterrorismo” y “ley contra el odio”.
Añadió que de a poco se ha ido pasando de una represión masiva a una represión específica, utilizando una estructura de delatores en las comunidades.
Igualmente, recordó que en años anteriores el gobierno de Maduro llamaba “golpistas” a los que protestaban, mientras que ahora los califican como “fascistas”.
Mencionó, además, que hay una “ley contra el fascismo” en proceso, que puede incluso ser aplicada sobre los que participen en manifestaciones por salarios, servicios públicos, etc.
Modelo a seguir
Oscar Murillo expresó que, a su parecer, “estamos siendo testigos y víctimas de una película en la que pasamos del autoritarismo al totalitarismo. Y la referencia es el modelo nicaragüense de Daniel Ortega”.
Agregó que todo lo que está haciendo el actual gobierno venezolano es desconocer el artículo 5 de la Constitución Nacional, donde se deja claro que el pueblo es el único dueño de su destino político.
“El giro totalitario de Maduro es el punto máximo de la destrucción de la democracia en Venezuela. No hay punto de comparación. Y eso que hemos sufrido varios regímenes autoritarios a lo largo de la historia”, dijo el experto en DDHH.
Murillo afirmó que lo visto en Venezuela se parece a los países satélites de la Unión Soviética, donde reinaba la destrucción “a punta de bala y terror”.
“La democracia republicana está bajo asedio. La defensa del bien de la humanidad tiene epicentro en Venezuela. El liderazgo democrático global, que incluye Unión europea, Canadá, Estado Unidos, entre otros, está a prueba en este rincón de Sudamérica”, enfatizó.
Justicia
Para el coordinador de Provea, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, debe reevaluar la estrategia aplicada en Venezuela para que las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad reciban justicia.
Murillo explicó que el fiscal utilizó para la nación sudamericana un “modelo de complementariedad positiva”, que es algo novedoso y hasta el momento no se ha utilizado en otros países.
Según explicó, la CPI echó mano de este recurso porque, en teoría, el gobierno venezolano estaba dispuesto a corregir el motivo principal por el que se le acusa: la persecución política.
Sin embargo, en las últimas semanas quedó en evidencia que ocurrió todo lo contrario, pues hubo una “escalada represiva”.
El experto enfatizó en que no hay voluntad política para impartir justicia desde el sistema judicial del país, pues “Maduro, tribunales y fiscalía son en conjunto una máquina represiva”.
Murillo recordó que en la justicia internacional hay lapsos y procesos que se deben respetar, aunque señaló que el fiscal Khan ya está en momento de presentar un caso.
De igual manera, indicó que aunque la administración de Maduro esté buscando legalizar la persecución con “leyes de odio o antifascismo”, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) monitorea igualmente el cumplimiento de los derechos humanos de acuerdo a los estándares internacionales.
También acotó que la ley de regularización de ONG está vinculada a todo esto, pues hay organizaciones dentro de Venezuela que hacen registro ante la CPI.
Pilares
A juicio de Oscar Murillo, los venezolanos deben estar aferrados a dos pilares fundamentales en medio del panorama oscuro y turbulento que hay actualmente: la familia y la solidaridad.
El profesor universitario, que expresó su apoyo a las familias víctimas de la represión, cree que esto tiene que permanecer por encima de todas las cosas.
“A pesar de la sensación de desesperanza, frustración y dolor a raíz de todos los golpes recibidos”, puntualizó.
Finalmente señaló que la crisis de DDHH en Venezuela solo tendrá una salida cuando las instituciones vuelvan a cumplir con sus roles y mandatos.
A su vez indicó que “el atrincheramiento de Maduro genera un estancamiento de las políticas públicas que tendríamos que estar discutiendo”.