En nuestro artículo anterior, escrito pasada una semana de los comicios del 28 de julio, decíamos que el escenario que se estaba vislumbrando en Venezuela era similar al que ya se había vivido cinco años antes cuando el señor Maduro, presidente desde el 10 de enero del 2013, quiso renovar su mandato mediante unas elecciones realizadas el 20 de mayo del año 2018 que no fueron validadas por un grupo de países encabezado por los Estados Unidos y por la Unión Europea, con la advertencia de que si se llegaba a juramentar para iniciar un nuevo gobierno su presidencia sería desconocida, tal como en efecto ocurrió.
En esa Venezuela del 2019 se calificó de usurpación al periodo presidencial que Maduro estaba comenzando, a él de usurpador, y a todos sus actos como carentes de legalidad y propios de un gobierno de facto. La Asamblea Nacional en manos de la oposición tramitó una “ley para la transición” que entre otras finalidades tenía como objeto principal ponerle fin a la usurpación y llamar a elecciones. Fue la época de Guaidó y del protagonismo de un parlamento venezolano que por momentos y a pesar de las enormes diferencias históricas, jurídicas y culturales existentes con Inglaterra, parecía estar llamado a encarnar, temporalmente, la imposible tarea de concentrar en su seno el gobierno de un país, al modo británico, el cual sería ejercido a través de la flamante investidura de su joven presidente. Sin embargo, ya sabemos lo que ocurrió y que Maduro no solo resistió todos los embates de la política internacional y no se fue, sino que muchos de los países que en un principio se unieron al desconocimiento de su gobierno nunca pusieron fin, en la práctica, a sus relaciones comerciales y diplomáticas o las restablecieron al poco tiempo, y que incluso algunos que habían sido propiciadores de las medidas políticas y económicas en contra del régimen venezolano hicieron y aún siguen haciendo negocios con él.
Aunque la situación actual difiere de la anterior en la magnitud y trascendencia de los hechos que la componen y que la hacen más llamativa y ostensible, su desarrollo durante estas tres semanas en las que viene ocupando las primeras páginas de los noticiarios y prensa internacional no obstante la presión de organismos y gobiernos para que se tenga a Edmundo González como el vencedor de dichos comicios presidenciales si Maduro no muestra las pruebas de su ya anunciado triunfo por el Consejo Nacional Electoral, no deja aún pistas concretas que permitan concluir que Maduro abandonará el poder, sino más bien de que lo contrario no es impensable. Nos referimos al compás de espera que se ha abierto y que algunos países iberoamericanos avalan para aguardar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia al que acudió Maduro con el propósito de interponer un recurso que nadie entiende, pues como ganador proclamado por el CNE no tendría ningún sentido que impugnase su propia elección. Resulta palmario que haciendo a un lado el no pequeño detalle de que la acción judicial solicitada por Maduro no forma parte del menú de procedimientos contencioso-administrativos que en materia electoral permite la legislación venezolana, y con seguridad de ninguna otra, la decisión que tome el máximo tribunal solo puede ir en dos direcciones: o ratifica el triunfo de Maduro o declara la nulidad de las elecciones por causa de fuerza mayor como lo sería su jaqueo por terceros, lo qué imposibilitó un escrutinio claro y cierto de los resultados electorales transmitidos por las máquinas del CNE.
En el primero de los dos casos, si bien enseñar la sentencia de un tribunal en lugar de las actas que demuestren la victoria de Maduro siempre resulta más sencillo, cualquier posibilidad de salida convenida de Maduro se haría más difícil, mientras que por el contrario una decisión del TSJ, por más paródica que sea, que anule la elección con el objeto de que se repita por causa de acciones que la viciaron provenientes de terceros y cuyo origen se investiga, puede al final ser vista por unos cuantos como la solución intermedia que alivie no solo a Maduro y despeje el actual panorama repleto de oscuros nubarrones cargados de tormenta. Sin embargo, la negativa a aceptarla como es lógico y razonable por parte de la oposición unitaria que encabezan Edmundo González y María Corina Machado, ya ha sido anticipada por los propios protagonistas, con lo cual aumentan las probabilidades de que se repita el escenario del 2019 con Maduro como el presidente al frente de un gobierno de hecho desconocido por unos y reconocido por otros, junto a un presidente paralelo en el exilio o la sombra apoyado por una buena parte de la comunidad internacional .
Solo el desgaste de una de las partes en esta contienda ya de carácter internacional o la negociación de las grandes potencias con intereses en Venezuela, que protagonizan en este instante otras dramáticas partidas en el tablero de la geopolítica mundial, pueden modificar el actual estado de cosas y hacer que se recupere la democracia y la cordura en Venezuela, un país donde no se puede hablar de lo que pasó el 28 de julio pasado, aunque todo el mundo lo sepa.