El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, postergó el debate de la polémica ley “contra el fascismo”, término acuñado a la oposición y que críticos ven como un medio para incriminar detractores del gobierno.
El texto forma parte de un paquete de leyes solicitadas por Nicolás Maduro, que denuncia un intento de golpe de Estado en su contra en medio de cuestionamientos a su reelección para un tercer mandato de seis años, hasta 2031.
La mayoría absoluta del chavismo -256 de los 277 diputados de la Asamblea Nacional (AN)- ya aprobó un primer texto para regular oenegés y tiene previsto legislar también sobre redes sociales, que Maduro asegura son usadas para generar violencia y lanzar “campañas de odio”.
Maduro promueve un boicot contra WhatsApp y suspendió la red X del magnate Elon Musk, su nuevo enemigo. La medida en principio era por 10 días pero el plazo ya se cumplió y sigue bloqueada, constató la AFP.
Ley “de avanzada”
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, suspendió la sesión la noche del lunes. No es inusual cancelarla en el último momento y sin explicación.
En agenda estaba la “Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares”, que incluye la ilegalización de partidos y multas de hasta 100.000 dólares para empresas, organizaciones o medios que financien actividades o difundan información que “incite al fascismo”.
Es una norma “de avanzada”, dijo Maduro el lunes en una reunión de su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). “Toma lo mejor de las leyes europeas en relación al fenómeno del nazismo y el fascismo y lo vamos adaptando a Venezuela”.
Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años por el Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de servirlo. La oposición liderada por María Corina Machado denunció fraude, reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia y asegura tener las pruebas para demostrarlo.
Anunciado el resultado oficial, estallaron protestas a lo largo del país caribeño con un balance de 25 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos, que las autoridades tachan de “terroristas”.
“No permitiremos que el fascismo asalte el poder en Venezuela”, prometió Maduro, que sostiene que Machado y González Urrutia están detrás de un intento de golpe de Estado y ha pedido que sean encarcelados.
“Vivir sin X”
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había pedido a las autoridades frenar la aprobación de “leyes que socaven el espacio cívico y democrático”, como la ley de oenegés, que incluye las obliga a inscribirse en un registro local y presentar una “relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros”.
Ya aprobada la semana pasada, su incumplimiento supone multas que pueden llegar a 10.000 dólares.
“Buscan tener un argumento legal para que la represión, para que la censura pase como la aplicación de la ley y no como una arbitrariedad”, dijo a la AFP el periodista Melanio Escobar, de la oenegé Redes Ayuda.
Según Escobar, es una “herramienta” para “castigar la libertad de expresión” en el país.
Y en la mira, las redes sociales, cruciales en el acceso a información en Venezuela, en un clima de censura y autocensura en los medios de comunicación tradicionales y el bloqueo de portales informativos críticos.
X es de hecho el primer canal para la difusión de mensajes de la oposición.
Maduro era también asiduo usuario de esta red, pero hizo su última publicación el propio 8 de agosto, al igual que empresas y oficinas del Estado que migraron a canales en Telegram.
“Venezuela puede vivir sin X”, expresó el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien explicó que el gobierno pide a la red presentar documentación sobre su representante legal en el país y su compromiso de que “acepta” las leyes del país.
El último episodio de “Superbigote”, dibujo animado de propaganda que presenta a Maduro en la televisión estatal como un superhéroe, muestra al mandatario en lucha contra un Elon Musk caricaturizado como un demonio.
Con información de AFP