Pasaron tres semanas desde el 28 de julio, día en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) chavista proclamó ganador a Nicolás Maduro de las elecciones en Venezuela. En estos 21 días, sin embargo, las autoridades no brindaron ninguna prueba de la supuesta victoria del dictador. Por el contrario, fue la oposición la que publicó en internet las actas de cada mesa electoral que certifican una holgada victoria de Edmundo González Urrutia.
Por Infobae
Lo que se vio en el país caribeño tras la jornada electoral fue violencia, represión y persecución por parte del régimen.
Ante este panorama, cada vez son más las denuncias de fraude y los llamados para que la dictadura chavista cese la violencia y reconozca la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas.
Marcela Ríos Tobar fue ministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile (2022-2023) y actualmente se desempeña como Directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional). La socióloga y politóloga dialogó con Infobae sobre el proceso electoral venezolano y la respuesta de la comunidad internacional.
Según opinó, lo ocurrido el pasado 28 de julio “es un quiebre a la integridad electoral”, y reconoció que “no se ha visto en un país democrático una situación como ésta”.
Sobre la dictadura de Maduro, señaló: “Es un régimen que se ve acorralado y que está buscando el camino, no solo del autoritarismo, sino del aislamiento de la comunidad internacional para no ser cuestionado y para no someterse a los estándares internacionales en todas las dimensiones”.
Asimismo, afirmó que “hay un atrincheramiento” y “violaciones a los derechos humanos constatadas”.
-Ya pasaron tres semanas de las elecciones en Venezuela. Gran parte de la comunidad internacional no reconoce los resultados divulgados por las autoridades electorales chavistas, y cada vez es mayor la represión y persecución contra aquellas personas que se atreven a exigir que se respete lo expresado en las urnas. ¿Cuál es la postura de IDEA Internacional?
-Nosotros seguimos con mucha preocupación este proceso. Hemos estado pendientes desde antes de las elecciones. IDEA tiene un informe anual, el estado de la democracia anual, que ha venido monitoreando el estado de las democracias en toda la región. Y nuestra preocupación por Venezuela no es respecto de la última elección, sino que hace mucho rato que, de acuerdo a nuestras propias publicaciones, al informe de state of democracy assessment, que está disponible en nuestra página web, vemos que Venezuela ha tenido un deterioro paulatino en las cuatro dimensiones que nosotros evaluamos como parte del sistema democrático: representación, participación, elecciones y estado de derecho. Por supuesto que lo que ha ocurrido es un quiebre a la integridad electoral. Creo que los informes tanto de Naciones Unidas como del Centro Carter son claros en mostrar una visión del proceso. La participación de cerca al 59% es de las más altas de las últimas tres elecciones; antes habíamos tenido 46%-50%, y en ese 59% no se incluye a la diáspora venezolana, de alrededor de 4,5 millones de personas que pudiendo haber votado, no pudieron votar. A nosotros nos parece muy importante que esa confianza que fue depositada en ese proceso sea respondida, y para eso queremos seguir insistiendo en la importancia que tiene para Venezuela, para América Latina y para el mundo en insistir en que se entregue toda la información de las actas electorales, que pueda haber una evaluación, una confirmación imparcial. No solo por lo que eso puede representar para la comunidad internacional o para los otros organismos, sino sobre todo para el pueblo venezolano que ha confiado en este proceso y que tenía enormes expectativas en que una elección podría generar un camino pacífico de transformación de su país.
-Usted remarcó la importancia de la integridad democrática. En las últimas horas el chavismo planteó la posibilidad de reformar las leyes para impedir en el futuro las observaciones internacionales. ¿Qué piensa al respecto?
-Hoy día, este es un régimen de facto que no ha sido ratificado democráticamente. Nadie ha podido reconocer, con la excepción de muy poquitos países, el resto del mundo no reconoce el triunfo electoral de Nicolás Maduro. Por lo tanto, este es un gobierno de facto. Hemos visto que ha tomado decisiones que generan enorme preocupación; hay un atrincheramiento y violaciones a los derechos humanos constatadas; se ha manifestado el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana… O sea, acá hay una preocupación general de un gobierno que está persiguiendo a opositores y a las personas que protestan, y eso es altamente preocupante. Pero en la misma línea, creo que este anuncio de impedir la observación electoral es nuevamente un acto de un gobierno de facto, de un régimen que se ve acorralado y que está buscando el camino, no solo del autoritarismo, sino del aislamiento de la comunidad internacional para no ser cuestionado y para no someterse a los estándares internacionales en todas las dimensiones. Es una señal, a mi manera de ver, desesperada y que solo profundiza esta reacción de tratar de mantenerse en el poder a pesar de la opinión mayoritaria de los venezolanos, pero también de tratar de resistir toda solicitud de la comunidad internacional por transparentar el proceso. Recordemos que muchos países cuyas democracias funcionan bien no contemplan en su legislación contar con observaciones formales, por ejemplo Uruguay y Chile. Pero el que tú no invites una misión de observación no significa que en un país democrático no se deje participar a observadores, a visitantes internacionales. Todos los países democráticos invitan a personas que pueden ir a mirar o participar de sus elecciones.
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