La soberanía popular no es un término abstracto ni mera formalidad. Representa la voluntad colectiva de los ciudadanos, expresada a través del sufragio y otros mecanismos de participación, que legitiman decisiones y acciones de los gobernantes. En una democracia genuina, autentica, los líderes son mandatarios temporales; depositarios de una confianza delegada por el pueblo. Un contrato que implica responsabilidad suprema: gobernar para el bien común, reverenciando la voz y el mandato de la ciudadanía.
El poderío ciudadano es el núcleo en el cual se construye una democracia robusta, saludable. Principio sagrado, mandato ético e ineludible para quienes ostentan la autoridad que reside en el pueblo. Un derecho cardinal, que recae sobre cada ciudadano, gobernante y representante. Desconocerlo, es un error colosal, un pecado mortal, una transgresión que atenta contra la esencia del sistema democrático y de libertades, comprometiendo la legitimidad institucional, y colocando en riesgo la estabilidad.
La soberanía popular se traduce en la voluntad del pueblo expresada a través de elecciones libres, verificables y, sobre todo, obedientes a las etapas de la integridad electoral, referendos y consultas. Concepto forjado en el crisol de la sabiduría, que se materializó en las primeras revoluciones democráticas que moldearon el mundo moderno. Decidir el rumbo de una nación no puede ser subestimado ni, mucho menos, usurpado; y cuando se niega o tergiversa, se deteriora la raíz misma de la democracia.
Desconocer tiene ocultamientos, manipulación del proceso electoral, fraude, represión y amenazas empañan el verdadero sentir de la ciudadanía. Otra forma, sutil pero igualmente perniciosa, la devaluación de las instituciones democráticas en la que se limita la participación ciudadana, o se despoja a los órganos de representación de su capacidad de actuar conforme a los deseos de la mayoría.
La secuela inevitable de estas prácticas es la deslegitimación del Estado. Cuando la ciudadanía siente que su voz no es escuchada, su voto no cuenta o ha sido burlado, el contrato social se despedaza, y da paso a la desconfianza y apatía, peor, a la rebelión. La estabilidad de una nación se funda en la credulidad mutua entre gobernantes y gobernados; cuando se deteriora, el riesgo de conflicto aparece. Repudiar la soberanía popular, es una vileza contra la humanidad, un acto que niega dignidad y capacidad de autogobierno.
Arrinconarla, perturba a lo interno de un país, también en la esfera internacional. Las naciones que actúan contrario a los principios democráticos son observadas con recelo, y en casos, con rechazo, lo que se traduce en aislamiento diplomático y pérdida de influencia en el concierto global.
Cuando se desconoce el señorío ciudadano, se comete sacrilegio, perjurio y traición. La soberbia, el desprecio y la maniobra para perpetuarse, deslegitiman a quienes lo practican. El desdén por el mandamiento público, arrastra al colapso, ya que, liquida el atributo principal de la democracia, condenando a las naciones al caos e incertidumbre.
Es imperativo que la dirigencia, comprenda que el poder arrebatado no es suyo, sino que les ha sido conferido. Actuar en contra de la aspiración ciudadana, es ingratitud a la confianza depositada y un acto que será juzgado con dureza. La soberanía popular es un derecho inalienable de los ciudadanos y, al mismo tiempo, una obligación para los gobernantes.
Sin embargo, en tiempos recientes florece un fenómeno preocupante: el surgimiento de líderes y movimientos políticos que, bajo la bandera del populismo y autoritarismo, carcomen la soberanía popular, e intentan despojar al pueblo de su poder legítimo, construyendo regímenes que, aunque aparentan ser democráticos, en realidad operan como autocracias encubiertas.
Respetar la soberanía popular no es opción, es una obligación. La historia enseña, a quienes permiten que su soberanía sea usurpada, se condenan, porque admiten una infracción mortal que atenta contra el principio democrático, y pone en peligro permanencia y armonía en la sociedad. Quienes osan ignorar la voluntad del pueblo, lo hacen a propio riesgo; porque es la voz de la nación, que jamás debe ser silenciada. Defenderla es un compromiso moral, una responsabilidad que se asume con valentía, coraje y convicción. En nuestras manos está el futuro de la democracia.
@ArmandoMartini