A Marcel García, como a otros padres y representantes en Venezuela, le notificaron a finales del año escolar 2023-2024 el aumento de la matrícula escolar de su hija para el próximo período.
Por Fabiana Rondón / vozdeamerica.com
Un incremento que suele ser común al inicio de cada año escolar, pero que este año registró un aumento de hasta el 30 % en muchas instituciones privadas debido a la entrada en vigencia de la Ley de Pensiones.
La Ley de Pensiones, aprobada en mayo de este año, es un mecanismo impulsado por el gobierno nacional para proteger las pensiones de seguridad social.
Esta ley establece que el monto a pagar por parte de las empresas privadas en Venezuela para la contribución especial implementada en la Ley de Protección Especial de Pensiones es del 9 %. Una medida que también debe acatar el sector educativo privado.
“En el colegio nos explicaron que en este nuevo año escolar tuvieron que aumentar los costos, ya que tienen que pagar nuevas cosas (…) El aumento de la matrícula este año fue de un 30 %”, detalla García en entrevista para la Voz de América.
Con el incremento de la matrícula, García tendrá que pagar un total de 568 dólares, entre matrícula: (252,80 dólares, mes de agosto: 252,80 dólares y seguro escolar: 62,83 dólares). Un monto que es más de 20 veces mayor al salario mínimo fijado en Venezuela a 130 bolívares, incluso alto para aquellos trabajadores de empresas privadas , quienes devengan montos de entre 130 y 400 dólares, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).
Ante esta situación, Marcel García y su esposa se han visto obligados a reducir costos para poder cubrir el pago de la matrícula de su hija. La pareja, que trabaja como vendedora de equipos electrónicos, se hace cargo del pago del colegio y también de la universidad de otra de sus hijas.
“Tener a un hijo en un colegio privado es hacer muchos sacrificios para brindarle una buena educación. Con el aumento nuestra economía quedará un poco más apretada, ya que sería un gasto más grande (…) Nuestro plan ahora es reducir otros gastos para poder cubrir la matrícula escolar”, asegura.
La situación de Marcel García y su familia se repite en otros hogares venezolanos. Es por ello que instituciones y organismos educativos han hecho un llamado al gobierno nacional para que exonere al sector educación de la aplicación de esta ley.
Tal es el caso de la Red de Padres y Representantes y de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Pese a ello, la aplicación sigue siendo general y solo el sector de emprendedores ha quedado exento de la medida.
“El que aumenta es el Estado, nosotros solo ajustamos los presupuestos”
Fausto Romeo, director de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), fue uno de los primeros voceros en advertir que la aplicación de la Ley de Pensiones generaría un aumento en las cuotas de escolaridad.
Es por ello que destaca que las instituciones educativas privadas no están aumentando las matrículas, sino que se ven obligadas a realizar el ajuste debido a estos nuevos lineamientos del gobierno nacional.
“Las instituciones educativas privadas realizamos los presupuestos de funcionamiento en el mes de mayo para su aprobación, discusión e implementación a partir de septiembre”, explicó Romeo en entrevista para la Voz de América.
“Es decir, que el presupuesto del año 2023-2024 ya estaba establecido y no había ninguna incidencia de ese 9% para todos los trabajadores del sistema educativo privado. Eso tuvo un impacto en la estructura de costo, entre 4,5 % y 6 %. Es decir la estructura se modificó en ese porcentaje dependiendo de la cantidad de estudiantes y trabajadores de cada plantel”.
Pese a lo reciente de la medida, el director de la Andiep destaca que la mayoría de los padres y representantes entienden que el ajuste no viene directamente de las instituciones, sino del gobierno nacional.
“Los padres y representantes entienden que todo lo que está decretado hay que cumplirlo. Ellos saben que cada vez que hay un aumento de algún rubro que afecte la estructura de costo de las instituciones, pues eso se ajusta a la cuota de escolaridad. Para nosotros no existe aumento. El que aumenta es el gobierno, el Estado venezolano, nosotros ajustamos nuestros presupuestos y la cuota de escolaridad que pagan los padres por la educación de sus hijos”, explica Romeo en entrevista para la VOA.
El director de la Andiep reitera que varias federaciones y universidades han solicitado formalmente al gobierno que exonere al sector educación. Destaca que especialmente la medida afecta a los colegios privados más vulnerables, aquellos ubicados en zonas populares y también a los colegios que reciben subvención del Estado, como los que integran la red de Fe y Alegría.
Romeo detalla que al menos 40 % de los colegios privados están ubicados en sectores populares y ya hacen un gran esfuerzo para mantenerse operativos, por lo que la contribución del 9 % para la Ley de Pensiones agrava aún más su situación.
En el caso de Fe y Alegría, comenta que aunque reciben ayuda del Estado, esta solo aplica para pagar sueldos, prestaciones y otros beneficios, no para cubrir los costos de infraestructura, tal como aseo, electricidad, pintura, etc, tampoco los exime de pagar la nueva contribución al Estado.