Los exjefes de Estado y de Gobierno que suscriben la presente declaración, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), condenamos la persecución por el Ministerio Público del candidato presidencial y vencedor en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, Edmundo González Urrutia, y de la líder de las fuerzas democrática de Venezuela, María Corina Machado, ordenada por Nicolás Maduro Moros.
Tal acción, despótica y abiertamente inconstitucional como contraria a los tratados internacionales de derechos humanos, intenta criminalizar a quienes defienden el respeto de la soberanía popular por la Fuerza Armada y quienes detentan el poder de las armas en el país.
Es incontrovertible para los gobiernos democráticos de la región y europeos, incluidos los que abogan por una salida dialogada, que las actas electorales acopiadas conforme a la ley por los testigos de mesa de las fuerzas democráticas, entregadas a aquéllos y que el Poder Electoral ha ocultado ante el país y el mundo, venciéndosele los plazos prescritos, prueban que González Urrutia es el presidente electo de los venezolanos. Su desconocimiento y su persecución junto a Machado lo confirma y es lo que sí subvierte y altera gravemente el orden constitucional y democrático en Venezuela.
Observamos que los actos de represión generalizada – cuya denuncia califica de sedición el Alto Mando Militar – dirigidos contra la mayoría de los venezolanos que protestan por el respeto de sus votos sufragados y su aislamiento comunicacional censurando redes,se originó desde el instante en que el Poder Electoral, en lo particular su presidente Elvis Amoroso, instiga a la violencia de Estado que anega al país, deja muertos, heridos, torturados, desaparecidos y casi dos mil detenidos. Amoroso, con anterioridad y como Contralor de la República inhabilitó a Machado como candidata presidencial violando la Constitución, y ahora, sin verificar actas ha declarado a Maduro Moros como presidente electo. Fue el primero en requerirle al Ministerio Público investigar supuestas interferencias en las comunicaciones electorales y a todo aquel venezolano que discrepase de su dictado, consumando un autogolpe.
Los gobiernos democráticos del mundo, para salvar a la democracia, deben hacer respetar a la innegociable soberanía popular cuando ya se ha manifestado, como en Venezuela.
