El coordinador del Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt, informó este martes 6 de agosto que, hasta la fecha, contabilizan en la entidad 186 arrestos con fines políticos en el contexto postelectoral.
Corresponsalía lapatilla.1eye.us
Betancourt, quien también es director adjunto de la organización, indicó que en toda Venezuela la cifra registrada se eleva a 1.102 detenciones, entre los cuales hay 100 adolescentes y cinco indígenas.
Denunció que no se ha permitido la asistencia legal privada a las personas detenidas en el contexto electoral luego del 29 de julio, lo que, aseguró, es una vulneración al debido proceso. “Según lo que dispone la Constitución y la ley, esto es ilegal, pues vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y la garantía jurídico constitucional de poder ser atendido por el defensor de confianza. Bajo ningún concepto a una persona se le puede imponer un defensor público y eso es lo que venimos denunciando”, afirmó.
Por otra parte, Betancourt puntualizó que en Carabobo destaca el caso de Kennedy Tejeda, abogado y miembro del Foro Penal en el estado, quien fue detenido en el municipio Montalbán, luego de que fuera a verificar el arresto de unas personas en esa localidad.
“Nosotros seguimos denunciando esta detención con carácter arbitrario y esperamos que próximamente puedan otorgarle la libertad, pues defender los derechos humanos no es ningún delito”, sostuvo.
Sobre la detención del coordinador general de la Alcaldía de San Diego, Vicente Scarano, hijo del exalcalde Enzo Scarano, ocurrida el pasado viernes en la noche, Betancourt señaló que en días pasados tuvieron conocimiento del traslado de Vicente Scarano al Palacio de Justicia del estado Carabobo, pero desconocen si fue realizada la audiencia por vía telemática o fue realizada una audiencia en el tribunal de control.
El coordinador del Foro Penal en Carabobo aseveró que seguirán denunciando y exigiendo ante las instancias correspondientes, el cumplimiento de las disposiciones constitucionales para que a las personas que están privadas de libertad se les garantice sus derechos humanos y que atiendan a las víctimas.