El Panel de Expertos de la OEA ha presentado una comunicación para informar a la Fiscalía de la CPI sobre la escalada en la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela en el contexto post-electoral.
En la comunicación, el Panel destacó a la Fiscalía de la CPI las similitudes en el patrón de la violencia postelectoral que está ocurriendo actualmente en Venezuela con los incidentes de ataque generalizado y sistemático contra civiles que han ocurrido en el, país caribeño desde al menos el 12 de febrero de 2014 sobre los que el Panel emitió informes en 2018 y que caen de lleno bajo la jurisdicción de la CPI.
Entre el 26 y el 28 de julio de 2024, se produjeron 48 detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y 1 asesinato por miembros de colectivos que actuaban en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado.
Cabe señalar que el día de las elecciones presidenciales, el 28 de julio de 2024, se produjeron graves irregularidades, como denunciaron ONG locales.
El 29 de julio de 2024, después de que el Consejo Nacional Electoral anunciara los resultados de las elecciones a favor de Nicolás Maduro, se produjeron varias protestas espontáneas en todo el país en rechazo a los resultados electorales. Estas manifestaciones fueron reprimidas de forma desproporcionada por las fuerzas de seguridad del Estado, que fueron captadas en grabaciones de vídeo cometiendo detenciones arbitrarias, malos tratos y otros actos inhumanos, y disparando indiscriminadamente contra multitudes pacíficas, y haciendo un uso desproporcionado de las fuerzas contra civiles actuando en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado.
La situación se ha agravado rápidamente. A fecha de hoy, 1 de agosto de 2024, aunque la Fiscalía General de Venezuela ha informado de 1062 detenciones, es probable que las cifras sean superiores, ya que se trata de una situación en evolución.
Respetadas organizaciones no gubernamentales locales también han denunciado 43 casos de desaparición forzada y al menos 23 asesinatos.
Además, el gobierno venezolano también expulsó a siete algunos representantes de 7 Estados miembros de la OEA en la región.
En este contexto, el Grupo de expertos insta respetuosamente al Fiscal de la CPI a que actúe de conformidad con su mandato de ayudar a poner fin a la impunidad de los autores de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, y contribuir así a la prevención de esos crímenes:
1. Emitir una advertencia a todos los posibles autores de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, haciendo hincapié en que tendrán que rendir cuentas por sus crímenes en virtud del derecho internacional.
2. Acelerar la emisión de órdenes de detención contra los máximos responsables de estos crímenes, teniendo en cuenta los patrones recurrentes de violencia y la implicación de autores conocidos de incidentes anteriores.
La pronta intervención de la CPI es imprescindible para poner fin a la violencia actual.
Comunicado de prensa