Las elecciones presidenciales de Venezuela 2024 se desarrollan en un país ocupado por una de las dictaduras del socialismo del siglo 21 o castrochavismo que es un grupo que bajo mando de la dictadura de Cuba controla Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Aplican “terrorismo de Estado” y su sistema de “dictadura electoralista” con opositores funcionales.
Bajo terror interno con presos políticos, exiliados, tortura y crímenes de lesa humanidad desarrollan la manipulación de la voluntad popular con leyes violatorias de derechos humanos, registros electorales alterados, oposición funcional, autoridades electorales títeres, inducción al ausentismo, falsificación de resultados y narrativa de ganar elecciones cuando tienen un repudio ciudadano mayoritario.
Fraude electoral es “la intervención ilícita de un proceso electoral con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales ya sea aumentando la cantidad de votos del candidato favorecido, disminuyendo las de los candidatos rivales o ambas”. Es un “concurso real de delitos”, se trata de la “comisión de varios y diferentes delitos con el mismo objeto”.
El proceso electoral en Venezuela 2024 tiene por lo menos cuatro etapas o escenarios: el primero es la campaña electoral en que la oposición liderada por María Corina Machado, primero como candidata y luego como jefe de campaña de Edmundo González, derrotó ampliamente a la dictadura logrando la movilización de un pueblo que perdió el miedo a la dictadura y decidió retirarla con su voto; el segundo es el de la votación y la emisión de resultados, en el que es claro el triunfo del candidato González Urrutia y la manipulación fraudulenta del régimen; el tercero es la lucha contra la narrativa del triunfo falsificado por la dictadura, con el objeto de demostrar el resultado real de la elección ganada por la oposición; el cuarto es el periodo de tiempo entre el reconocimiento de la victoria del opositor hasta la entrega del mando presidencial.
En la dictadura electoralista de Venezuela opera un “grupo de delincuencia organizada trasnacional” dirigido por la dictadura jefe que con Nicolas Maduro, cómplices y operadores han cometido y cometen delitos desde el inicio del proceso: en la primera etapa de la campaña inhabilitaron a María Corina Machado y luego a su reemplazante Corina Yoris, persiguieron y apresaron dirigentes de la campaña opositora haciéndolos presos políticos y reteniendo a seis en la embajada de Argentina en Caracas, manipularon información, bloquearon vías y rutas, perpetraron sabotaje a la campaña opositora y más; el día de la votación se registraron 78 casos de persecución política, 26 detenciones arbitrarias, 3 desapariciones, hostigamiento, muertos sin esclarecer, y los miembros del Consejo Nacional Electoral cometieron falsificaciones, falsedad material e ideológica, uso de instrumentos falsificados, fraude público, difusión de noticias falsas y más delitos flagrantes presentando un resultado grotesco y criminal.
El mecanismo del castrochavismo ha sido aplicado en elecciones de este siglo en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pasando por Ecuador, y fracasó en Bolivia 2019 cuando se evidenció el fraude de Evo Morales que renunció y fue rescatado a la impunidad por López Obrador desde México, volviendo con éxito delictivo en Bolivia 2020 y Nicaragua 2021. Lo que vemos hoy en Venezuela es esta franquicia criminal, que por lo evidente de los hechos no se esperaba sea repetida, pero que es vital para un sistema dictatorial que se funda en el dogma castrista de que “el poder no se entrega”.
Solo hay un hecho con el que se puede aclarar la elección y es “que cada voto sea contado de forma justa y transparente, públicamente, con presencia de la oposición y la prensa”. El recuento de votos, público, basado en la demostración de cada acta electoral de cada ánfora de votación, es el único medio de evidencias por quien votaron los venezolanos.
La información presentada por el CNE no ha consumado ni cerrado nada, es el principio de un amplio proceso de investigación, acusación y sanción a los individuos que perpetran esta grave cadena de delitos, a los que se aplica la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional o Convención de Palermo, abriendo competencia en cualquier país democrático del mundo por los “efectos sustanciales del crimen en su territorio”.
La tentativa de fraude del dictador Maduro no está ni será consumada, es evidencia como delito infraganti y repudiada nacional e internacionalmente. La negativa al recuento público y transparente solo confirmaría los delitos y daría inicio a legítimos mecanismos de resistencia civil interna y acciones internacionales con las que el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional enseñaran al dictador que el crimen no da derechos ni asegura impunidad.
Carlos Sánchez Berzain es abogado y Politólogo.
Director del Interamerican Institute for Democracy