La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) pidió este jueves que cese la “persecución y el hostigamiento” a quienes facilitan equipos para concentraciones políticas, próximo a la elección presidencial del 28 de julio, así como que se garantice la libertad de movimiento de los candidatos.
“Es necesario para la paz ciudadana, que cese la persecución y el hostigamiento a quienes facilitan instrumentos necesarios para las concentraciones y la libertad de movimiento de candidatos con opciones diversas a la opción gubernamental”, señaló la CEV en un comunicado publicado en su página web.
Agregó que este es un proceso electoral “atípico, en el que no hay igualdad de oportunidades para todos”.
Asimismo, dijo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene “particular importancia” como garante de un proceso “justo, que respete la legalidad en relación a los testigos de mesa, con las tarjetas de las organizaciones políticas y la ubicación de los centros de votación hasta ahora establecidos”.
“Es hora que ejerza su autonomía e independencia, como uno de los poderes del Estado y vele por un acto electoral ajustado a la Constitución y normas electorales”, añadió.
La CEV sostuvo que a los ciudadanos se les presenta una nueva oportunidad para tomar decisiones a través del voto “consciente y libre” que produzca una “reforma profunda de la democracia, de la sociedad civil y de la calidad de vida”.
“El voto asume así una importancia vital en la realidad actual que vivimos; solo venciendo el abstencionismo y la apatía política, podremos avanzar en la reconstrucción del país”, apuntó.
El candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, comenzó el miércoles a viajar con su propia comida hacia los actos de campaña para evitar nuevos cierres de establecimientos, luego de que el chavismo sancionase a un restaurante que lo atendió el domingo pasado en Cojedes (centro).
“Me voy con mi viandita para evitar situaciones como la del domingo, que cerraron el restaurante (…) por habernos atendido, amablemente como lo hicieron”, expresó el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor alianza antichavista.
Este caso -recordó- “se suma a otros que demuestran el irrespeto del poder a los venezolanos”, en alusión a otros 16 establecimientos que -según el antichavismo- fueron cerrados o inspeccionados en las últimas semanas por el Ejecutivo, luego de recibir a González Urrutia o a María Corina Machado.
Entre los sancionados, se cuentan hoteles y restaurantes, además de trabajadores independientes que prestaron algún servicio a los opositores, como barqueros, motoristas, técnicos de sonido y conductores, quienes, en algunos casos, sufrieron detenciones temporales, prohibición de zarpe o bloqueo de instrumentos de trabajo, alegando la falta de documentación o registros.
Con información de EFE