El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, en su informe sobre la situación de las garantías fundamentales previsto para ser presentado este 3 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dejó en claro que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) tiene razones de peso para considerar que puede investigar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, entre ellas que la justicia nacional no lo está haciendo en la forma y tiempo debido.
Esto se lee en el reporte:
«El ACNUDH lamenta la falta de avance en las investigaciones de muertes en protestas que tuvieron lugar entre 2014 y 2019. De 43 casos documentados por el ACNUDH, 28 permanecen bajo investigación o en juicio con diligencias procesales aún pendientes, 14 de los cuales carecen de acusación. Cuatro han sido sobreseídos, o los imputados absueltos, ocho han derivado en condenas y los tres restantes están pendientes de resolución por parte del Tribunal Supremo de Justicia».
Pero las demoras no se han limitado a casos en los que personas perdieron la vida por ejercer su derecho a la protesta, sino también a aquellos relacionados con muertes durante las operaciones de seguridad lanzadas en los últimos años. Así, de los 114 casos contabilizados por la instancia
«solo ocho han terminado en sentencias, de las cuales tres fueron apeladas, 12 casos siguen en juicio y 91 casos continúan bajo investigación (de los cuales 38 casos permanecen sin cargos, mientras que en 30 casos se desconocen los cargos). En tres casos se desconoce el estado de su avance».
La impunidad también campea en las investigaciones relacionadas con tortura y malos tratos. De los 114 casos contabilizados por el alto comisionado en los últimos años, «uno está a la espera de juicio desde mayo de 2023 y otro está siendo juzgado, mientras que los restantes siguen siendo objeto de investigación», reportó al Consejo.
Si lo anterior no fuera suficiente, el despacho de Volker Türk ha constatado que las averiguaciones conducidas por las autoridades nacionales se han limitado, hasta ahora, a funcionarios de bajo rango y «no han abordado a la cadena de responsabilidades».
La lentitud con la que los jueces y fiscales venezolanos actúan a la hora de investigar y su negativa a procesar a quienes dieron las órdenes para que se cometieran los crímenes de lesa humanidad detectados por la Fiscalía de la CPI son algunas de las razones por las cuales la Sala de Apelaciones de esa instancia ratificó la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de que la investigación debía continuar.
Finalmente, Türk, en su reporte, alentó a las autoridades «a proseguir su cooperación» con la Fiscalía de la CPI.
Por unas elecciones libres
El escenario electoral que vive Venezuela no fue ignorado por el alto comisionado, quien tomó nota de las nuevas inhabilitaciones que la Contraloría General de la República ha impuesto contra dirigentes opositores en los últimos meses y de los fallos judiciales que han avalado dichas medidas, así como de la ola de detenciones de miembros de formaciones contrarias al chavismo.
Para Türk, las acciones antes mencionadas «contribuyen a inhibir el derecho a participar en los asuntos públicos».
A menos de un mes de la celebración de las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio, el funcionario reclamó que las mismas sean «libres y auténticas» e instó a las autoridades a «proteger el derecho a participar en los asuntos públicos, que también requiere el respeto y la protección de la vida, la integridad física, la libertad, la seguridad y la privacidad de todos los miembros de la sociedad».
Sin embargo, las sanciones contra dirigentes opositores y el veto que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha impuesto a que la Unión Europea (UE) envíe una misión de observación son acciones que ponen en tela de juicio la transparencia de los comicios.
Cada vez menos espacio cívico
Türk, en su reporte, también denunció que las limitaciones que padecen los venezolanos para asociarse y participar en los asuntos públicos no hacen más que aumentar con el paso del tiempo. El alto comisionado expresó su preocupación ante la decisión de la Asamblea Nacional (AN) de retomar el cuestionado proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiación de Organizaciones No Gubernamentales y Afines, y anunció que presentó observaciones al mismo.
Reveló que recibió quejas de 15 agrupaciones civiles, las cuales le expresaron que habían sido objeto de restricciones al momento de registrar su creación u otros actos ante organismos públicos como el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).
Asimismo, volvió a expresar su preocupación por el caso de la presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad y la Fuerza Armada, Rocío San Miguel, quien fue aprehendida en febrero pasado y cuya captura insistió en calificar de «desaparición forzada», así como destacó que la activista sigue sin poder contar una defensa de su confianza.
El caso de San Miguel no es el único al que se refirió el alto comisionado, quien recordó el del director de Fundaredes, Javier Tarazona, para quien solicitó su excarcelación «sin condiciones» en virtud de las informaciones sobre el deterioro de su salud y los constantes retrasos en su proceso.
En el reporte del ACNUDH también se denuncia que la libertad de expresión continúa debilitándose. Como prueba, se informó sobre el cierre de 10 emisoras de radio, así como el bloqueo de 50 páginas web. Por último, expresó su preocupación por la aplicación por parte de las autoridades de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
«Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó casos de diez hombres y dos mujeres que fueron acusados o procesados en virtud de la legislación sobre incitación al odio o instigación pública, que se suman a los 32 casos documentados anteriormente de acusaciones similares. El ACNUDH había señalado anteriormente que esta legislación no se ajustaba al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El informe del ACNUDH confirma que la justicia venezolana no está cumpliendo con su tarea de investigar a fondo y hasta las últimas consecuencias los crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 2014 y 2019, por lo cual está más que justificada la continuación de la investigación de la CPI.
También deja en claro los retrocesos en materia de los derechos a la asociación, participación en los asuntos públicos, a la libertad de expresión y de manifestación que se vienen registrando desde hace unos años y que han contribuido al cierre cada vez mayor del espacio cívico.
Este reporte es otra prueba de la importancia del monitoreo y la supervisión internacional, pues, aunque no sirvan para impedir las violaciones a los derechos humanos, en algunos casos permite reducirlos y en la mayoría eleva el costo de seguirlos cometiendo.