La población de adultos mayores es seguramente una de las más abandonadas en Venezuela. Quienes son pensionados cobran 130 bolívares al mes, más un “bono de guerra” de aproximadamente 32 dólares. Los jubilados perciben un poco más de dinero por el mencionado bono (alrededor de 90 dólares).
Javier A. Guaipo / Corresponsalía lapatilla.1eye.us
En uno y otro caso, estos ingresos son insuficientes para cubrir sus gastos de alimentación y medicinas, por mencionar apenas dos de las cosas más básicas para el día a día, pero que para muchos es imposible de adquirir, debido a los altos costos en ambos rubros.
Esto deja fuera de sus posibilidades el acceso a planes de previsión funeraria, y el Estado venezolano no ofrece mayores garantías para que estas personas puedan tener un sepelio digno luego de su fallecimiento.
Y a pesar de que el 29 de noviembre de 2023 se publicó en Gaceta Oficial N°6.770 la Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora, aprobada por la Asamblea Nacional y donde entre otras cosas se habla del amparo a poblaciones vulnerables, a mitad de 2024 esto todavía no se cumple.
Obligación que nadie atiende
José Magallanes, presidente de la Fundación para la Contraloría Social de los Servicios Funerarios en el estado Anzoátegui (Fcssfanz), señaló que la mencionada ley es una obligación que nadie atiende y el Gobierno Nacional tampoco hace seguimiento para que la cumplan.
Recordó que ya pasaron casi siete meses desde que fue publicada y todavía las aseguradoras se hacen de la vista gorda, a pesar de que debió entrar en vigencia 120 días después de publicada. Es decir, el 29 de marzo de 2024.
Vale acotar que en el Capítulo III de la ley, puntualmente en la Sección Quinta, dice que se agrega un nuevo artículo, que pasará a ser el artículo 55. El mismo específica que “los microseguros, seguros inclusivos y seguros masivos ofertados por las empresas de seguros y de medicina prepagada deben estar destinados a amparar: sectores socioeconómicos vulnerables, de conformidad con las normas dictadas a tal efecto por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora”.
En “seguros inclusivos” se hace mención a “sectores sociales excluidos o desatendidos por las coberturas disponibles en el mercado asegurador, entre los que se encuentran: jubilados, pensionados, adultos mayores, personas con discapacidad física o mental, microempresarios, emprendedores, artesanos, población rural, etnias, productores agrícolas y pecuarios, pescadores y acuicultores”.
Magallanes resaltó que al menos el apartado que habla de amparar a jubilados, pensionados y adultos mayores no se está cumpliendo. Y en los casos de las pocas empresas que lo hacen, es con varias trabas de por medio.
“Lo que hemos podido saber es que uno de los argumentos para no acatar la ley a cabalidad es que la cobertura a personas de la tercera edad les genera pérdidas. Alguien de 75 u 80 años que adquiera un seguro tiene más posibilidades de fallecer sin haber pagado ni la mitad de la póliza y por eso dan entre seis meses y un año para poder utilizarla. Si el fallecimiento es antes de ese tope, el seguro no se activa”, explicó.
No obstante, el vocero insistió en que es lamentable que a este sector de la población no se le ofrezca ni siquiera el microseguro que dice la ley, con cuotas accesibles, lo que los deja con escasas opciones de un último adiós digno, violando sus derechos.
Obstáculos para adquirir el seguro
Ángela Brito, quien reside en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, comentó que semanas atrás hizo las gestiones para adquirir una póliza de servicio funerario que cubriera a su pareja, su hijo, su papá, su abuelo y a ella misma, aprovechando un stand en un reconocido supermercado de la zona metropolitana de Anzoátegui.
Contó que los promotores de la empresa, en este caso la organización Vallés, le explicaron que podían ofrecerle dos pólizas, una de ellas exclusiva para el adulto mayor al tratarse de una persona de 87 años.
“Me hablaron de los planes básicos. Me dijeron que uno me cubriría a mí, mi hijo, mi esposo y mi padre. Sería de 2.000 dólares, quedaba pagando 12 dólares al mes y podía usarla de inmediato si lo necesitaba”, detalló.
Brito agregó que el otro plan, para su abuelo, era igual para una cobertura de 2 mil dólares, aunque debía pagar una inicial (que no se definió) y la mensualidad quedaba en 16 dólares. Aunado a eso, tendría que esperar un año para poder utilizarlo.
“La verdad me llamó la atención que la señora me dijo que antes el límite para seguro normal era de 65 años y lo subieron a 70, pero de ahí en adelante son casos especiales al tratarse de personas de mayor edad, más propensos a que les ocurra algo de manera imprevista”, acotó.
Costos de servicios funerarios
Quienes no cuenten con ningún seguro funerario deben ingeniárselas al momento de vivir el trago amargo de perder a un familiar. La situación puede llegar a ser peor cuando se trata de una pareja de adultos mayores que viven como pueden.
Rafael Lista, miembro de la Cámara de Funerarios del estado Anzoátegui, indicó que un plan básico puede rondar los 400 dólares. Esto incluye capilla, café, una urna sencilla y traslado al cementerio.
Si se toma en cuenta que un jubilado o pensionado no cobra ni 50 dólares al mes, queda en evidencia lo cuesta arriba que es garantizar una despedida decente para un ser querido. Las cremaciones no son menos costosas, pues, según el experto, salen en aproximadamente 350 dólares.
De igual forma, Lista aseveró que las medidas establecidas en la ley aprobada a finales de 2023 aplica para las grandes aseguradoras, como Seguros Caracas o La Previsora, pues son las que ofrecen planes de previsión.
Forma de ayuda desaprovechada
José Magallanes, presidente de la Fcssfanz, lamentó que en Barcelona no se aproveche la capilla construida hace varios años junto al cementerio municipal.
Está convencido de que con voluntad de ayudar se puede activar ese espacio, para que las personas de escasos recursos tengan un lugar digno donde velar a sus parientes fallecidos.
El vocero reconoció que la alcaldía de la capital anzoatiguense suele atender las solicitudes de apoyo con ataúdes, pero insistió en que pueden hacer más habilitando la mencionada capilla.
Magallanes es uno de los pocos dirigentes sociales de la zona norte de Anzoátegui que se preocupa por estos temas. En su constante lucha espera que las autoridades realmente volteen la mirada hacia la protección social del adulto mayor, aprovechando que en las últimas semanas “se han puesto de moda” con el plan “+años+amor” que impulsa la gobernación de Anzoátegui.