Ante la detención del periodista Gabriel González y de Javier Cisneros, coordinador nacional de la juventud del partido Vente Venezuela, María Corina Machado reveló lo que es vox populi entre los detenidos por causas políticas: “El defensor público, que tiene la mayoría de los detenidos, se ha dedicado a decirles que, si ellos me acusan de ser directamente responsable de los delitos que supuestamente están implicados, serían liberados”. ¿Quién realmente controla la Defensoría Pública? La familia de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Por Sebastiana Barráez / infobae.com
Los abogados Joel García y Eduardo Torres han denunciado que en el caso del estudiante de periodismo, Jeancarlos Rivas, detenido por su relación política al partido de Machado, el tribunal de Terrorismo no le permite designar defensa privada. Eso ha sucedido en cientos de casos, en tribunales militares, ordinarios o de terrorismo.
Los defensores públicos no defienden al preso político, al contrario, violentan sus derechos, los coaccionan a declarase culpables, a que señalen a dirigentes políticos de delitos o de conspiraciones, sin que haya base alguna.
El poder judicial está controlado por dos figuras claves: Cilia Adela Flores de Maduro y Diosdado Cabello Rondón, quienes se disputan, no sin cierta fiereza, el dominio de ese sector.
En el mando de la Defensoría Pública siempre ha estado, desde hace casi 14 años, la hermana de Nicolás Maduro, María Adelaida Maduro Moros. Su esposo, Ciro Ramón Araujo, fue Defensor Público General desde el 20 de octubre de 2011, mientras ella ha ocupado diversos cargos ahí, incluso como directora de la Defensa Pública y Directora encargada de Servicios al Personal.
Araujo seguiría en el cargo de no ser porque, después de cuatro años, sus escándalos amorosos fueron más decisivos que aquellos relacionados con las denuncias de corrupción y el lujo que disfrutaba. El 6 agosto de 2015 salió del país, dijo “ya regreso”, pero no lo hizo. Días después, el 21 de agosto fue sustituido por Carmen Eneida Alves Navas.
El poder
Aunque más recientemente Cilia de Maduro ha perdido, ante Diosdado Cabello, algunos espacios del poder judicial, integra una estructura que determina quién ingresa como imputado a los expedientes, que a su vez son fabricados en los cuerpos de inteligencia, sea el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), controlado por Cabello a través del General en Jefe Gustavo González López, o la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que maneja Nicolás Maduro a través del MG Iván Rafael Hernández Dala.
Los defensores públicos se han excusado con algunos presos políticos diciéndoles que “reciben órdenes”, lo que de ninguna manera es justificación válida. Ellos presionan a los detenidos y a sus familias, los instan a asumir los delitos imputados “para que les disminuyan los años de cárcel”.
La Defensoría Pública violenta los derechos al debido proceso que tiene el detenido, le niega el acceso al expediente, le prohíbe tener conocimiento de qué o quiénes los acusan, además de ocultarle el procedimiento que debe llevar a cabo para demostrar su inocencia. Es decir, la Defensa Pública es parte importante de la violación de los derechos de las víctimas del poder judicial. Y ahí, tras bastidores, siempre está Adelaida Maduro.
Rogers Flores, un hermano de Cilia de Maduro, estuvo años en la Defensoría Pública, como Jefe del Departamento de Recursos Humanos. Flores de Maduro tejió una red de familiares, incluso con su ex marido, ex cuñado, hermanos e incluso hijos, ligados al poder judicial,
Su sobrino Irvin Molina Flores y su ex esposo Walter Gavidia eran jueces, a quienes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les dio permiso para separarse de los cargos. La entonces ex presidente y magistrada Gladys Gutiérrez, le dio licencia a uno de los hijos de Cilia Flores para que fuera a hacer estudios en Francia, siendo él juez penal.
Daniel Ramírez Herrera es el actual Defensor Público Nacional, en la época de mayor violencia contra los derechos de los detenidos por causas políticas. Las irregularidades en el ente público se incrementan, en acuerdo con los jueces y magistrados que responden a intereses políticos, y es evidente en la detención de varios dirigentes del partido Vente Venezuela: se les secuestra, se les incomunica y se les prohíbe nombrar defensor privado, siendo obligados a aceptar el defensor público que juega a favor de los intereses del régimen venezolano.
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