Los familiares de los privados de libertad de la Comunidad Penitenciaria de Coro y de los diferentes Centros de Detención Preventiva de la Península de Paraguaná, protestaron frente a los tribunales penales de Punto Fijo para exigir que sus parientes sean escuchados.
Irene Revilla // Corresponsalía lapatilla.1eye.usu
Pidieron al Ministerio Público investigar los casos, ya que así como hay personas que están pagando sus condenas, también hay muchos inocentes víctimas de los organismos de seguridad que presuntamente han aplicado procedimientos viciados.
También denunciaron que tienen que pagar para todo, incluso, la gasolina para que los vehículos oficiales puedan trasladar a los privados de libertad a sus audiencias. Así mismo, se quejaron de que en muchos Centros de Detención Preventiva abundan las enfermedades, debido a las pésimas condiciones sanitarias y el hacinamiento que hay en todos los recintos.
En el caso de la Comunidad Penitenciaria, dijeron que los presos ya cumplieron cinco días en huelga de hambre y se mantendrán en la lucha hasta obtener respuestas. Los familiares afirmaron que se unirán a la huelga de hambre si no se ven resultados pronto.
Orelis Benítez, familiar de un detenido, denunció que son seres humanos, que hay detenidos que están pagando condenas por delitos que nunca existieron, por lo que pide la intervención de la Policía Nacional Bolivariana y que se investiguen todos los casos por droga que han sido abiertos, donde asegura no existen pruebas del delito.
“Hasta cuándo van a estar sembrando tres y seis libras de marihuana. Quién en su sano juicio piensa que alguien va a tener seis libras de marihuana en un koala. Sí hay personas que están pagando sus delitos, pero hay muchos que no”, dijo.
Por su parte, Ana Colina denunció el retardo procesal que involucra a todos los presos. “Los jueces y fiscales faltan todo el tiempo y ese traslado solo le cuesta a uno y al preso, que pierde sus días en ese lugar”.
Protesta en Policarirubana
Un grupo de madres y esposas se acercaron a la Policía de Carirubana, con pancartas en manos exigiendo justicia, porque aseguran que sus hijos y esposos están siendo golpeados por los funcionarios.
“Ayer les cayeron a palo, les dañaron las colchonetas, les quitaron lo poco que tenían solo porque pedían sacar a un preso desmayado por hambre. Estamos cansados, todos los gastos del preso lo asume el familiar, incluso la gasolina para su traslado a tribunales. Ahora también hay que costear medicinas por las palizas que les dieron y volver a comprar colchonetas”, dijo Laura de Pereira, madre de un privado de libertad que tiene más de un año en Policarirubana y todavía está esperando apertura de juicio.
El director de la policía municipal dijo a los medios de comunicación que esta mañana escuchó a los privados de libertad sobre lo sucedido la noche anterior y llamó a las Fiscalías de Derechos Fundamentales, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública para que se investigue lo sucedido y que cada quien asuma su responsabilidad.
“La policía está a disposición para cualquier investigación. Hoy se hicieron dos requisas para sacar los celulares, además se les consiguieron unos chuzos y unos trozos de cabilla. Mi gestión ha estado encaminada en los derechos humanos y así permanecerá”, dijo.
