La situación se mantiene tensa entre la junta directiva electa en agosto de 2023 de distintos centros comerciales de Ciudad Guayana, y de los que son propietarios de la empresa Herrasmtap C.A, con la antigua junta.
Por: Pableysa Ostos | Corresponsalía lapatilla.1eye.us
Uno de los abogados del caso, Robnny Gutiérrez, explicó la situación que se mantiene desde hace más de 8 meses en los Centros Comerciales (CC) Ciudad Alta Vista I y II. “Los accionistas de ambas sociedades son personas jurídicas. El socio minoritario de Inversiones Lobert,C.A. y de Inversiones y Representaciones FAMM es el que a través de un fraude procesal ha tenido el control”.
“Ese socio minoritario tiene el control de la dirección y administración de ambas empresas, formalmente en la práctica, de manera ilegal. Y como consecuencia de ello se está apropiando de alquileres, condominios y ha estado legitimando capitales. ¿En qué sentido? En que en el manejo de los gastos de condominios reporta unos gastos que no son los que verdaderamente está pasando”, explicó el abogado.
De igual forma, explicó que estos asociados no han estado reportando las ganancias, ni los dividendos que le corresponden al resto de los accionistas de ambos centros comerciales.
Destacaron que una parte de la junta directiva ha denunciado esas irregularidades ante el Ministerio Público y el Tribunal, donde según señalan, han “bloqueado las investigaciones. Ellos incluso realizaron una denuncia en contra de los miembros de la junta directiva y sus abogados, que cursa justamente ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado de Bolívar, Puerto Ordaz en el expediente FP12-2024-5662 en el que solicitamos el control judicial, porque el Ministerio Público sin imputación y sin permitir el derecho a la defensa, realizó una investigación a espaldas de todos nosotros y está solicitando unas medidas cautelares”.
Denunciaron que “la solución no puede ser que el inquilino sea quien tenga que decidir a quién pagarle, porque si nosotros estamos denunciando unos delitos, no podemos dejarle el peso a los inquilinos. No podemos decir ‘páganos a nosotros porque aquella es una administración ilegal’, porque generamos una afectación de sus derechos”.
Fraude
Por su parte, Iván Frischi, uno de los directivos, destacó que la situación de los CC Ciudad Alta Vista I y II se sigue agravando a nivel jurídico. “Se siguen consumando hechos de total ilegalidad, que más bien, en vez de buscar caminos para solucionar la problemática, la están acentuando. La situación en los tribunales sigue igual, siguen atrasando los procesos para llegar a las debidas conclusiones adecuadas. De igual manera en la Fiscalía”.
Trascendió que este jueves 9 de mayo “se consumó un fraude procesal, el cual ha sido denunciado, donde un grupo de los socios de dichas compañías convocaron de forma fraudulenta un acta de asamblea, pasándole por encima a la verdadera junta directiva. Ya los abogados de nuestra parte están procediendo en las distintas instancias. Se le notifica a todos los inquilinos que la situación sigue igual y que se reserven las actuaciones de estar firmando nuevos contratos y haciendo pagos, mientras que los juicios siguen vigentes”.
“A pesar de que la otra parte ha comunicado a través de la prensa diciendo que aquí no está pasando nada, en pocas palabras, que se están solventando las soluciones. Aquí siguen las irregularidades y más bien se están incrementando hasta el punto que ayer se cometió un fraude procesal al que le instalaron una junta directiva ilegal, pasándole por encima a la legítima”, denunció Frischi.
Siguen las denuncias
Por último, el abogado Germán Caballero dijo que “nosotros iniciamos la cruzada de rescatar la administración para sanear todo lo que afectaba, no sólo a los socios, a los inquilinos y a la comunidad en general, ¿verdad? Lo fue por causa de actos fraudulentos”.
“En lugar de que nuestro propósito fuese entendido como un puente para resolver, previo acto de constricción de la junta directiva irregular, ellos tomaron esto como un reto a morir y continuaron en secuencia de fraudes. En esa secuencia de fraudes, inclusive, vale decir, con engaños y sorpresas a los funcionarios judiciales y fiscales o no, se lograron medidas tales como anular la inscripción en el registro mercantil vía medida preventiva de una empresa legalmente constituida para que su representante dentro de la sociedad no pudiese deliberar en asambleas para designar juntas directivas ni aprobar puntos fundamentales dentro de su administración”, puntualizó Caballero.