Un ex general venezolano con estrechos vínculos con el fallecido presidente izquierdista Hugo Chávez fue sentenciado el lunes a 21 años y dos tercios de prisión en Estados Unidos por suministrar armas al grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Por Luc Cohen / reuters.com
Clíver Alcalá, de 62 años, se declaró culpable en junio pasado de dos cargos de proporcionar apoyo material a un grupo terrorista y transferencia ilícita de armas de fuego. Estados Unidos consideraba a las FARC, que se disolvieron en 2016 como parte de un histórico acuerdo de paz con el gobierno de Colombia, como un grupo terrorista.
El juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein dictó la sentencia en una audiencia en el tribunal federal de Manhattan.
Alcalá es el primero en ser sentenciado de cinco coacusados del actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien fue acusado de «narcoterrorismo» en 2020. Maduro, un eterno enemigo de Estados Unidos y protegido de Chávez que ha supervisado un colapso económico en el sector petrolero.
Los fiscales federales habían propuesto una sentencia de 30 años para Alcalá.
Argumentaron que además de suministrar a las FARC armas de grado militar, Alcalá recibió millones de dólares en sobornos por proteger los envíos de cocaína del grupo de la interferencia del ejército venezolano.
Los abogados defensores instaron a Hellerstein a sentenciar a Alcalá, quien ha estado detenido en Nueva York desde su extradición de Colombia en 2020, a no más de seis años.
Dijeron que Alcalá estaba bajo el mando de Chávez cuando ayudó a las FARC, y que negó cualquier participación en el narcotráfico.
Inicialmente, Alcalá había sido acusado de conspirar con el grupo rebelde para transportar cocaína, pero no admitió ningún cargo relacionado con las drogas como parte de su acuerdo final.
Los abogados de Alcalá instaron a Hellerstein a considerar la ruptura del ex general con el gobierno de Maduro en 2013 y su papel en la organización, desde la vecina Colombia, de un esfuerzo infructuoso para derrocar a Maduro en 2020.
Los fiscales dijeron que las acciones de Alcalá desde 2013 no justificaban la indulgencia.