El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó 34 partidos políticos para postular candidatos a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Sin embargo, la mayoría de estas organizaciones están controladas, de manera directa o indirecta, por el régimen de Nicolás Maduro.
Entre los partidos habilitados destacan 11 agrupaciones que en los últimos años han sido intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante la designación de nuevas autoridades afines o leales al régimen. Algunas de ellas eran históricamente opositoras al chavismo y otras formaban parte de las fuerzas que acompañaban al expresidente Hugo Chávez, pero luego se distanciaron de Maduro.
El inicio de las intervenciones se remonta al año 2012, cuando la Sala Constitucional del TSJ designó a Didalco Bolívar, un exgobernador que había sido imputado por corrupción, como presidente de una junta directiva ad hoc del partido Podemos, organización de izquierda que desde 2007 había roto con el chavismo.
Tres años después, en 2015, previo a las elecciones legislativas de ese año, el TSJ intervino otros cuatro partidos: el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), el Movimiento de Integridad Nacional – Unidad (MIN Unidad), Bandera Roja (BR) y del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).
Intervención sistemática
A partir del año 2020 estas intervenciones judiciales se volvieron sistemáticas, como parte de una estrategia para cooptar a las organizaciones políticas previo a la renovación del parlamento, que desde 2015 era dominado por una amplia mayoría opositora.
Es así como antes de las elecciones parlamentarias de 2020 el TSJ intervino a otros seis partidos, no solo opositores sino también agrupaciones chavistas que se habían distanciado de Maduro y pretendían postular una alianza diferente a la del oficialismo.
El histórico partido Acción Democrática (AD) fue el primero en ser intervenido ese año, el 15 de junio de 2020. La Sala Constitucional impuso a Bernabé Gutiérrez como presidente de una mesa directiva ad hoc, quitándole la representación legal de la organización a su secretario general, Henry Ramos Allup.
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