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La inhabilitación política de María Corina Machado por 15 años, dictaminada el pasado viernes por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ha generado un creciente rechazo a nivel internacional. Esta medida, que busca sacar del juego electoral a la destacada figura opositora y ganadora de las primarias de la oposición, ha sido condenada por países como Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos, entre otros, así como por organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, un grupo de gobiernos latinoamericanos hizo un aturdidor silencio ante la maniobra chavista.
Entre los estrechos aliados se destacan los regímenes de Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel en Nicaragua y Cuba, respectivamente. La oposición nicaragüense remarcó en su reciente pronunciamiento que las tres dictaduras siguen el mismo modus operandi de persecución.
Ese pequeño grupo también lo integra el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien mantuvo numerosos encuentros con el dictador Maduro y en todo momento expresó su defensa y apoyo al régimen venezolano.
También hay gobiernos que, lejos de condenar lo que ocurre en Venezuela, se muestran cercanos al chavismo e incluso en varias oportunidades han intentado frenar condenas o pronunciamientos de repudio contra la dictadura de Maduro en diferentes organismos internacionales.
Tal es el caso de los gobiernos de Gustavo Petro (Colombia), Lula da Silva (Brasil), Andrés Manuel López Obrador (México), y Xiomara Castro (Honduras).
Desde su llegada al poder, Petro, ex miembro de la guerrilla colombiana ELN, inició un giro radical en las relaciones bilaterales con la dictadura venezolana. Tras cuatro años de férreas tensiones entre ambos países bajo el gobierno de Iván Duque, Petro impulsó un restablecimiento de los vínculos con Caracas. A casi un año y medio de su arribo a la Casa de Nariño, mantuvo cinco encuentros bilaterales con el dictador venezolano, a quien destaca y defiende en cada expresión sobre la realidad del país vecino.
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