El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó este viernes que el exgobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, fue habilitado para ejercer cargos públicos.
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La Sala Político Administrativa del TSJ admitió el recurso de nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspención de efectos contra las resoluciones números 01-00-000181 y 01-00-000182 ambas de fecha del 10 de julio de 2015, dictadas por la Contraloría General de la República y números 066 y 067 con fecha del 24 de marzo de 2015, emitidas por la Contraloría del Estado Zulia (X-2023-0052).
La solicitud de amparo cautelar fue presentada en el marco del mecanismo establecido en el Acuerdo de Barbados de fecha 17 de octubre de 2023.
“La Sala declara procedente la medida cautelar innominada, que fue presentada en el marco del mecanismo establecido en el Acuerdo de Barbados de fecha 17 de octubre de 2023, por el ciudadano Pablo Pérez Álvarez, cumpliendo con los parámetros y exigencias allí señalados. En consecuencia, se suspenden los efectos del acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 01-00-000181, de fecha 10 de junio de 2015, emanada de la Contraloría General de la República que acordó como sanción la “(…) Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de diez años”.
Cabe recordar que, el pasado mes de octubre, las delegaciones del chavismo y de la Plataforma Unitaria firmaron dos acuerdos parciales en la jornada de reanudación del proceso de diálogo y negociación que se llevó a cabo en la ciudad de Bridgetown, en Barbados.
Los acuerdos parciales se refieren a la promoción de derechos políticos y garantías adicionales para todos, y la protección de los intereses vitales de la nación.
El primer acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías adicionales se expresó en atención al memorando de entendimiento suscrito en México el 13 de agosto de 2021, y siguiendo los lineamientos de la Constitución Bolivariana y demás leyes del país para acordar las condiciones necesarias para que se llevan a cabo los procesos electorales con todas las garantías.