Dos días de sesiones (7 y 8 de noviembre) en la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional para atender la estrategia oficial que busca impedir que la Fiscalía de la CPI reanude la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La CPI oyó al equipo jurídico oficial -aquilatado y muy caro-, a la propia Fiscalía y a la Defensoría Pública de las miles de víctimas, expresada ésta en la voz de su abogada principal, la italiana Paolina Massidda, que tiene 27 años de experiencia en el campo del derecho penal internacional.
Su intervención final es un documento de mayúscula relevancia, por lo que lo transcribimos íntegro en esta sección, para leer con serenidad, y el dolor y la vergüenza que impacta a los venezolanos de bien:
“Esta es la primera vez que las víctimas tienen la oportunidad de dirigirse a una sala de esta corte.
No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de esta audiencia para las víctimas.
Si bien las cuestiones debatidas son puramente legales el asunto subyacente de este procedimiento es una realidad fáctica para ellas.
Venezuela no está investigando ni enjuiciando ni lo hará en un futuro los crímenes que ellas (las víctimas), sus familiares, sus amigos, sufrieron.
Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad.
Mis siguientes breves observaciones se basan en las aportaciones de las víctimas.
Por razones evidentes de seguridad no mencionaré sus identidades pero deseo reconocer públicamente la valiosa contribución que cada una de ellas ha aportado a este procedimiento al expresar sus opiniones y al proporcionar documentación que arroja luz en el asunto en cuestión.
La contribución de las víctimas a este procedimiento se centra principalmente en los motivos cinco (5) y seis (6) del recurso. A saber, la evaluación de las investigaciones nacionales y la conclusión acertada a la que llegó la Sala de Cuestiones Preliminares sobre la inexistencia de investigaciones y enjuiciamientos nacionales.
Las víctimas informaron de una fragmentación significativa y un retraso sustancial e injustificable en la realización de algunos pocos procedimientos a nivel nacional. Esto demuestra que las autoridades nacionales no reflejan suficientemente la investigación prevista por el fiscal (Karim Khan, de la CPI).
Algunas víctimas indicaron que sus casos fueron desestimados sumariamente sin una investigación adecuada, lo que introduce una cláusula de doble incriminación y evita nuevas investigaciones y enjuiciamientos contra la misma persona por los mismos hechos.
Otros indicaron que sus casos fueron desestimados porque no se encontró que la conducta de los autores fuera de naturaleza criminal o porque los hechos mismos no mostraban ningún elemento de criminalidad.
Además, las víctimas informaron que desde 2014 numerosas personas han sido asesinadas durante manifestaciones no solo por razones de derechos civiles y políticos sino también por derechos sociales y económicos.
En la gran mayoría de los casos los presuntos autores aún no han sido anunciados.
Hay numerosos casos de tortura, incluidos actos de violencia sexual principalmente en instalaciones de detención donde las víctimas en vano denunciaron los delitos que sufrieron a las autoridades nacionales.
Las víctimas indicaron que no habían sido contactadas por las autoridades judiciales ni notificadas sobre ninguna medida procesal o cualquier otro paso tomado o que habían sido amenazadas por buscar información.
Son numerosos los casos de persecución dirigidos principalmente contra defensores de los derechos humanos y opositores políticos detenidos ilegalmente sin acceso a garantía mínima y un juicio justo.
Las víctimas han sido sometidas a actos inimaginables de violencia, persecución y abusos contra los derechos humanos. Sus familias han soportado tragedias inenarrables. Tienen el interés legítimo en que se responsabilice a quien cometió los delitos.
Señorías, las víctimas no son meros observadores. Son participantes inestimables en la búsqueda de justicia y verdad. Sus testimonios y relatos de los eventos son cruciales para establecer los hechos, la circunstancia y el contexto que rodean los presuntos crímenes.
Sus voces elevan el peso de experiencias en primera persona y son esenciales para arrojar luz sobre lo ocurrido.
Las víctimas subrayaron que han estado esperando casi diez (10) años para que se realice una investigación adecuada de los trágicos eventos que sufrieron.
Sin embargo, durante todo este tiempo las autoridades nacionales no han tomado medidas genuinas para identificar y denunciar a los presuntos responsables.
Por lo tanto, en la actualidad la Corte (CPI) es la única vía judicial disponible para las víctimas en su búsqueda de justicia.
Las víctimas miran a la Corte para encontrar consuelo, justicia y sanación. Sus expectativas son que esta Corte cumpla su promesa de responsabilizar a los autores por las atrocidades que han sufrido.
Sus voces son una fuerza que impulsa la rendición de cuentas, y su participación es un testimonio del papel que juega la Corte como faro de esperanza en la búsqueda de la justicia.
Al permitir su participación, la Corte demuestra su compromiso de ser el instrumento genuino de justicia y verdad.
En conclusión, las víctimas solicitan respetuosamente que la Sala de Apelación considere su búsqueda de justicia y que confirme las conclusiones de la Sala de Cuestiones Preliminares que justifican que el fiscal (Karim Khan) reanude la investigación de los terribles crímenes que sufrieron. Muchas gracias”.
Un dato y la excusa: Más de 8.900 víctimas enviaron sus testimonios a la Corte Penal Internacional. El régimen pretende justificar su actuación con el argumento de que es una nación acorralada por las sanciones del «imperio». Con lo que hay que entender que a los jerarcas oficiales no les quedó más remedio que reprimir, encarcelar, torturar, violar y hasta matar a venezolanos.