Enfado episcopal a raíz del informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia elaborado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que se dio a conocer el viernes. Al menos, en boca del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella. No por las conclusiones y recomendaciones del estudio, sino por las cifras extrapoladas de la encuesta encargada a la consultora GAD3.
Por La Razón
«Las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar», sentenciaba ayer el arzobispo de Barcelona a través de su cuenta en la red social X. Se trata de un pronunciamiento personal, pero parece ser el sentir general de los prelados españoles, algo que previsiblemente se pondrá de manifiesto cuando mañana se reúnan en una Asamblea Plenaria Extraordinaria, el máximo órgano decisorio del Episcopado.
El purpurado entra de lleno en cuestionar las proyecciones que se realizaron nada más trascender los resultados del sondeo demoscópico confeccionado con una muestra metodológica y numérica de la población española (8.013 personas). Así, un 0,6% de las personas entrevistadas afirma haber sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico y un 1,13% de la muestra representativa sostiene que sufrió algún tipo de agresión en un ámbito religioso.
Se podrían incluir aquí, por ejemplo, los abusos de un profesor en un colegio católico. Hasta aquí los datos de GAD3. Con estos porcentajes como punto de partida, nada más darse a conocer, tanto desde los medios de comunicación como por parte de las agencias se realizaron extrapolaciones a mano alzada, esto es, tomando la fotografía instantánea de una encuesta para traducirla en número de casos reales de abusos. Así, partiendo de que España cuenta hoy con 39,4 millones de habitantes a partir de 18 años, se podría deducir que la Iglesia ha dejado tras de sí cientos de miles de víctimas. El 0,6% de los agredidos por un cura o un consagrado equivaldría a 236.000 personas agredidas, mientras que si se aborda el 1,13%, por esa regla de tres, se superarían los 440.000, lo que corresponde a una lacra que afectaría a la población completa de una ciudad como Murcia.
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