Nosotros y nosotras, un grupo de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos venezolanas, así como líderes sociales, políticos, académicos y gestores culturales del país, le pedimos públicamente al presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro, que incida sobre el Palacio de Miraflores para el retiro de las inhabilitaciones políticas de importantes líderes de oposición y partidos democráticos del país, garantizando los derechos de participación, asociación y reunión de toda la población.
Por Provea
El actual primer mandatario del hermano país conoce, en primera persona, las consecuencias de las inhabilitaciones políticas administrativas. Y de cómo, en su caso, fue la presión de la comunidad internacional -especialmente de los organismos de protección a derechos humanos- quienes evitaron situaciones de violencia e ilegalidad al revertir decisiones anómalas lesivas de derechos.
Como se recordará, en diciembre de 2013 el Procurador General de la República, Alejandro Ordoñez, ordenó la destitución del entonces alcalde de Bogotá y su inhabilitación política por un período de 15 años. La decisión fue motivada por supuestas irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura de la capital colombiana. Inmediatamente después del fallo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Gustavo Petro, advirtiendo la necesidad de dejar sin efectos dicha medida administrativa, al considerar que era probable que se produjera un daño irreparable.
En julio de 2020 la Corte Interamericana de Derechos emitió una sentencia favorable al funcionario destituido, alegando que se habían restringido sus derechos políticos y que el proceso disciplinario en su contra no había respetado la imparcialidad ni la presunción de inocencia. La actuación de estos organismos internacionales de protección restituyó los derechos políticos de Gustavo Petro, permitiéndole continuar con la carrera política que lo llevaría, años después, a la primera silla de Colombia. “Soy presidente gracias a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, como posteriormente reconoció.
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