Entre 2018 y 2019, el Departamento de Extensión Social de la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana (UCAB Guayana), donde trabajo, realizó un diagnóstico de alfabetización infantil en la Invasión 25 de Marzo, un barrio marginal ribereño en San Félix en el estado de Bolívar. A través de líderes comunitarios de una iglesia católica local y una escuela local de Fe y Alegría, UCAB Guayana identificó y evidenció un número alarmante de aproximadamente 600 niños analfabetos y sin escolarizar. Los líderes comunitarios solicitaron apoyo internacional y UCAB Guayana logró obtener kits educativos de UNICEF. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, UNICEF tuvo que retirar su apoyo a la Invasión 25 de marzo y otras zonas de Bolívar, dejando a muchos niños sin acceso al sistema educativo. Sus padres se habían ido, buscando mejores salarios en las minas al sur de la ciudad.
Por Victoria Castillo | Caracas Chronicles
Después de que Nicolás Maduro creara el Arco Minero del Orinoco en 2016, el área se convirtió en una batalla libre para las bandas criminales, las guerrillas colombianas y las fuerzas de seguridad, disparando la minería ilegal y derrochando las operaciones mineras en todo Bolívar y Amazonas, que ahora enfrentan tasas alarmantes de deforestación. El auge de la minería ha afectado radicalmente a las comunidades locales, impulsando la migración interna, fragmentando el control administrativo del país y dando lugar a una violencia interminable y abusos contra los derechos humanos.
Los padres de los niños de Invasión 25 de marzo son parte de la amplia migración de personas que acuden a las minas en busca de mayores ingresos para superar la crisis económica y humanitaria. De hecho, miles de personas de todo el país y, significativamente, ex trabajadores de las industrias públicas en ruinas de Guayana, se han mudado a las minas y han establecido barrios marginales vecinos. De hecho, los sindicatos violentos (es decir, mafias en este caso, no sindicatos) que controlan gran parte del comercio de oro comenzaron como sindicatos en las plantas y fábricas de empresas como Sidor y Ferrominera. Además, según un estudio de 2022 del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno, el 10,9% de los migrantes internos en Venezuela se trasladaron a Bolívar.
La migración interna a las minas también ha llevado a los padres a abandonar a sus hijos desde una edad muy temprana, dejándolos al cuidado de familiares: y sin ser inscritos en el registro civil. Mientras los padres están ausentes, el Estado no clasifica la migración para trabajar en otras áreas como abandono de niños y, por lo tanto, no abordará la exclusión de los niños del registro civil. Hay pocas instituciones de educación pública que aceptan niños y adolescentes sin registro civil. Sin ella, muchos niños abandonados no tienen acceso a la educación formal. Entre ellos, los 600 niños de Invasión 25 de marzo.
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