Decenas de organizaciones de activistas indígenas libraron esta semana en Nueva York una nueva batalla destinada a prohibir la extracción de combustibles fósiles de la Amazonía, en el marco de un intento global de aprobar un tratado internacional para prohibir el petróleo y el gas, principales causantes del calentamiento climático.
“Para los pueblos indígenas la Amazonía es todo, su vida. No solo cuida a los indígenas, cuida al planeta”, justifica la activista indígena peruana Olivia Bisa, que lamenta que ningún tratado contenga “normas que pongan fin al extractivismo” de hidrocarburos pero también de la minería.
Además, es una “gran mentira” que las petroleras traigan desarrollo a las comunidades. “En los 50 años que llevan trabajando en Perú, no han construido ni una escuela ni un centro de salud”, dice a la AFP.
Los derrames de petróleo, con la consiguiente contaminación de ríos, alimentos y pérdida de biodiversidad, además de la deforestación, afectan de lleno a buena parte de los 50 millones de personas que viven en esta región que comparten 9 países, todavía más vital cuando el mundo se enfrenta a una crisis climática sin precedentes.
“No somos una traba, queremos desarrollo, pero alternativas que no impacten al ecosistema del planeta”, explica a la AFP Bisa, que rechaza que se piense que prohibir los hidrocarburos es “un capricho de los pueblos indígenas”. Concierne a todos, incluso a “los poderes que los financian”.
Según la organización Oxfam, en los últimos 24 años se han registrado cerca de 600 derrames solo en la Amazonía peruana. El mal estado de los ductos y fallas de la infraestructura petrolera son los principales culpables, junto a los sabotajes.
Situadas en su mayoría en la Amazonía andina (Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador), el 43% de las explotaciones se ubican en áreas protegidas y territorios indígenas, según datos de la Red Amazónica de Información Socioambiental (RASIG).
“Círculo vicioso”
Agobiados por el peso de la deuda -muchas economías latinoamericanas pagan más ya en intereses que lo que destinan a educación, salud, seguridad o adaptación climática -, los países de la región padecen un “círculo vicioso sin fin”, recuerda la economista boliviana Carola Mejía, de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (Latindadd).
“Las deudas altas generan mayor presión para los gobiernos para invertir en industrias extractivas”, haciendo que muchos autoricen la explotación en áreas protegidas, dijo la economista en el seminario “Salvaguardar la Amazonía: un llamado a favor de una Zona de No Proliferación de Combustibles Fósiles”, al margen de la Asamblea General de la ONU.
El pasado agosto, en un referéndum histórico, los ecuatorianos decidieron detener la explotación de un lote en la gran reserva del Yasuní. Aunque se trata de una gota en el océano extractivista en esta zona protegida, muchos lo han visto como un ejemplo a seguir.
Un entusiasmo rápidamente mitigado por los planes del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende invertir 69.000 millones de dólares en el sector de los hidrocarburos en los próximos años a pesar de haber lanzado un mensaje a favor de la protección de la Amazonía.
“No es un cambio, es transición”, dijo a la AFP esta semana el ministro brasileño de Energía, Alexandre Silveira, para explicar lo que muchos perciben como una “contradicción” de la política brasileña.
Pero para revitalizar las “esponjas del sur” hay que “apagar las grandes chimeneas del norte”, recordó el presidente colombiano, Gustavo Petro, en la Cumbre de Ambición Climática convocada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
En la ONU numerosas voces resaltaron la necesidad de una nueva arquitectura financiera y de que los países del norte concreten sus promesas de inyectar fondos para ayudar al sur global en la transición energética.
En la cumbre regional amazónica convocada en agosto por Lula, los países de la región pidieron a las naciones industrializadas “200.000 millones de dólares al año hacia 2030” para la conservación de la biodiversidad.
AFP