Alrededor de 150 familias del estado Apure, cuyas unidades de producción se encuentran ubicadas en las cercanías del Hato Merecure, están siendo extorsionadas, amenazadas, amedrentadas, perseguidas y tratadas de manera cruel e inhumana, por parte de funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con competencia en la zona.
Según la investigación publicada por FundaRedes en relación a este caso, titulado «HATO MERECURE UN TERRITORIO BAJO EL IMPERIO DE LA BARBARIE» desde el año 2015 los productores locales vecinos de la mencionada propiedad serían víctimas de actividades irregulares promovidas y/o permitidas por agentes estatales.
Más de 10 testimonios fueron recogidos por el equipo de activistas de la organización pro defensa de DDHH, donde los afectados señalan las actuaciones arbitrarias y violatorias de los derechos fundamentales de los organismos de seguridad y la administración del Hato Merecure en contra de la población, bajo la mirada indiferente del Estado.
Aunado a ello, los afectados afirman que “además de funcionarios del CICPC y personal del Hato Merecure, estarían involucrados Grupos Armados Irregulares (GAI)”.
Por su parte, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (FEDENAGA) ha denunciado en reiteradas oportunidades que los productores agropecuarios, no solo en el estado Apure, son víctimas de extorsión, ejercidas por grupos armados irregulares y funcionarios del Estado.
De igual manera, el informe revela el modus operandi utilizado por quienes manejan o administran el Hato Merecure y los agentes policiales del Estado venezolano para ejecutar las prácticas extorsivas y persecutorias dirigidas a los productores locales, empleando la fuerza estatal como amenaza.
De acuerdo a las denuncias recibidas, todo se desarrolla bajo un mismo guión: la administración del Hato Merecure se apropia del ganado de manera irregular, los dueños legítimos de las reses hacen el respectivo reclamo y es allí donde entran en acción los efectivos del CICPC levantado un procedimiento por abigeato y proceden a solicitar altas sumas de dinero en divisas para no incriminar a los productores o dejarlos en libertad.
Para FundaRedes la extorsión se convierte en una política de Estado, pues, estarían involucrados autoridades locales y cuerpos de seguridad para obtener dinero de la población campesina a través de métodos que van en menoscabo del estado de derecho.
“Los productores agropecuarios no solo son víctimas de extorsión, sino que también son sometidos, amenazados de muerte, secuestrados y torturados, bajo una total impunidad”, asevera la ONG.
El derecho a la vida, a la integridad personal y a la propiedad así como el desarrollo de la actividad agropecuaria – asegura – están comprometidos y vulnerados por la actuación desmedida de organizaciones criminales que operan con conocimiento de autoridades militares y policiales.
