Si una institución ha sido clave en neutralizar a la disidencia en la Nicaragua de Daniel Ortega, es la Policía Nacional.
Por BBC Mundo
A mediados de 2018 las autoridades respondieron de forma violenta a una oleada de manifestaciones en el país, dejando al menos 355 muertos y miles de heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde entonces el gobierno del presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha recurrido de forma sistemática a las fuerzas de seguridad para perseguir y encarcelar a las voces críticas.
La semana pasada la Asamblea Nacional, controlada por el ejecutivo sandinista, modificó la Constitución nicaragüense para que la Policía Nacional deje de ser una “institución profesional, apolítica, apartidista” y se subordine a la Presidencia.
También cambió la ley para castigar con cárcel a los policías que decidan abandonar la institución dirigida por Francisco Díaz, consuegro de Ortega.
Esto sucede después de que en los últimos años varios agentes desertaran y huyeran a otros países.
Julio Cesar Espinoza formó parte del cuerpo antimotines de la Policía Nacional hasta que renunció en 2018, lo que le acarreó serias consecuencias.
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