La Corte Suprema confirmó este viernes una sección de la ley federal utilizada para enjuiciar a las personas que estimulen la inmigración ilegal, fallando en contra de un hombre de California que ofreció adopciones de adultos que, según afirmó falsamente, conducirían a la ciudadanía estadounidense.
Por Univision
En el caso de Estados Unidos v. Helaman Hansen la Corte rechazó, por un voto de 7-2, los argumentos de que la ley es demasiado amplia y viola la Constitución.
El caso involucra una sección de la ley federal de inmigración que dice que una persona que “estimule o induzca” a un no ciudadano a venir o permanecer ilegalmente en Estados Unidos puede ser castigada con hasta cinco años de prisión. Eso aumenta a 10 años si la persona que anima lo hace para obtener una ganancia financiera personal.
Escribiendo para la mayoría de sus colegas, la jueza Amy Coney Barrett dijo que, si bien un tribunal inferior había determinado que la sección de la ley era inconstitucionalmente demasiado amplia, “eso fue un error”. Dos de los tres jueces liberales de la corte, la jueza Sonia Sotomayor y la jueza Ketanji Brown Jackson, discreparon.
El caso ante el tribunal involucró a Helaman Hansen, que vivía en Elk Grove, California, cerca de Sacramento. El gobierno federal dice que entre 2012 y 2016, Hansen engañó a cientos de no ciudadanos haciéndoles creer que podía garantizarles un camino hacia la ciudadanía a través de la adopción de adultos.
Según las promesas de Hansen, dicen los funcionarios, las personas llegaron o se quedaron en los Estados Unidos en violación de la ley, a pesar de que Hansen sabía que las adopciones de adultos que estaba organizando no conducirían a la ciudadanía. El gobierno dice que al menos 471 personas le pagaron entre $550 y $10,000 cada uno y que en total recaudó más de $1.8 millones.
Hansen finalmente fue condenado por cargos de estímulo y cargos de fraude. Fue sentenciado a 10 años de prisión por los cargos de incentivo y 20 años por los cargos de fraude. Pero un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la ley sobre el incentivo es demasiado amplia y viola la cláusula de libertad de expresión de la primera enmienda, anulando las condenas relacionadas a ese cargo.
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