Dayana, madre de una joven rescatada por la policía colombiana de un grupo de trata de personas el pasado mes de abril en Ibagué, Colombia, suplica a las autoridades del país vecino que autoricen el traslado de su hija a la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander o, en su defecto, se la entreguen, ya que es su representante legal.
Luz Dary Depablos // Corresponsalía lapatilla.1eye.us
La angustia para esta madre tachirense no ha terminado, pues desde que su hija pasó a manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la ciudad de Ibagué, no le han dado respuesta de cuándo su hija volverá a casa.
Dayana contó al equipo de lapatilla.1eye.us que ha solicitado en reiteradas ocasiones a las autoridades del ICBF el traslado de su hija a Cúcuta, incluso, ha hecho la misma petición al Consulado de Venezuela en Cúcuta, pero no ha recibido ninguna información.
Aunque asegura sentir “un alivio”, porque su hija le ha manifestado que está estudiando en la misma sede del ICBF, Dayana aún siente preocupación, porque no cuenta con los recursos para viajar hasta esa ciudad. Su pesadilla aún no acaba.
Adolescentes captadas por criminales
La crisis humanitaria compleja, sumado a la vida de lujos que muchas veces se vende a través de las redes sociales, ha llevado a docenas de niñas y adolescentes venezolanas a ser víctimas de grupos organizados que operan de manera internacional, engañando con promesas para que materialicen sus sueños y deseos.
Cabe recordar que en un diagnóstico realizado en octubre de 2018 entre autoridades de ese momento de la alcaldía de Ibagué del departamento de Tolima (Colombia) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), se identificó a esta ciudad, por su ubicación estratégica, como “un paso obligatorio de los mercaderes de tratas de blancas en el país”.
El entonces representante de la Unodc en Colombia, Álamos Martínez, expresó que la ciudad de Ibagué, (adonde fue llevaba hace dos meses la hija de Dayana), se había convertido “en una ruta externa de trata de blancas para este indigno y humillante tráfico de seres humanos para países como China, Ecuador, Argentina, Brasil y República Dominicana”.
En la reciente visita (mayo de 2023) de Siobhán Mullaly, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Colombia, afirmó que la trata de personas “afecta especialmente a las comunidades afrocolombianas y rurales, a los pueblos indígenas y a los migrantes venezolanos”.
Por tanto, Mullaly solicitó “una acción coordinada de las autoridades colombianas que garanticen investigaciones eficaces sobre la trata de personas”.
Igualmente, en el caso de Venezuela, un Comité de la ONU manifestó “su preocupación por la falta de una ley específica y exhaustiva sobre la trata de personas, y por el retraso en la publicación del Plan Nacional contra la Trata de Personas”, tal como lo señala parte de las conclusiones publicadas en el sitio web de las Naciones Unidas.
“El Comité recomendó combatir el reclutamiento forzoso y la trata de mujeres y niñas por grupos armados irregulares, en particular en el contexto del arco minero del Orinoco, y a lo largo de las fronteras con el Brasil y Colombia, e investigar todas las denuncias de formas contemporáneas de esclavitud”, información que también se menciona en la publicación.
Por tanto, se le solicitó a las autoridades de Venezuela, que se “elabore un protocolo para la pronta identificación y remisión de las mujeres y niñas víctimas de trata a los servicios apropiados, especialmente en las zonas fronterizas”.
Además de pedir la asignación de “fondos suficientes para garantizar servicios de apoyo adecuados a las víctimas de trata, incluidos refugios, asesoramiento psicosocial, programas de reintegración y acceso efectivo a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado para quienes pudieran necesitar protección internacional”.
Un delito global
Ximena Biagini, investigadora del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), señaló que según el último informe de esta organización, al menos en tres estados fue recurrente la trata de personas, en un total de 15 sucesos en los últimos 16 meses. Precisó que el estado Táchira sería utilizado “como un puente de salida” hacia otros países de Latinoamérica.
“De esos 15 sucesos, tenemos un total de 27 detenidos de los cuales 8 eran mujeres y el resto hombres. De todos los casos, 17 víctimas de la cuales 15 eran niñas y adolescentes con rangos de edades entre 11 y 17 años”, acotó Biagini.
“Efectivamente, Táchira lidera la lista de desapariciones, pero al ser desapariciones no podemos asegurar el destino de esas personas. No solo son niñas, también hay niños”. No descartan que estas desapariciones estén relacionadas con la trata de personas, aunque no tengan la certeza, pero “pudiera ser una hipótesis”, dijo.
Los padres han denunciado que sus hijas han caído en ofertas engañosas en las redes, aunque algunas tienen conocimiento de lo que van a hacer. Sin embargo, “son engañadas en cuanto a las condiciones, pero finalmente siendo menor de edad, el consentimiento no cuenta. Sí ha habido padres preocupados, pero también tenemos otros lamentables datos, y es que muchas de ellas están en situación de vulnerabilidad, sin padres que se ocupen de ellas, muchas veces son los mismos padres los que terminan siendo parte de las redes de trata”.
Ximena Biaggini estima que por cada víctima rescatada, hay 20 casos que se desconocen, “porque es un delito muy difícil de percibir y, sobre todo, muy difícil de cuantificar”.
“Los caminantes”, nueva modalidad
Biagini también resaltó que en uno de los últimos casos que se detectaron en el estado Táchira, se descubrió que una de las nuevas modalidades era la de los famosos caminantes.
“Son estas personas que vienen caminando desde el centro del país, con la intención de migrar por acá por la frontera de Táchira y son personas que se vienen sin nada, no llaman la atención de las autoridades. En este caso, se espera que alerten en las alcabalas, incluso, en un caso se detectó que había complicidad de ciertos funcionarios en los terminales de pasajeros en los que se falsificaban los permisos de las niñas, niños y adolescentes”.
Por otra parte, el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, informó sobre el caso de una adolescente que habría sido “esclarecido”. Dijo sobre “una red internacional que traía jovencitas desde Caracas, las captaba con la intención de llevarlas al modelaje”, para luego al llevarlas a Colombia y venderlas “como una mercancía”.
“La captura de esa menor de edad permitió una investigación de dos meses y se detectaron cuatro personas que, por ahora, están en esa red criminal: dos de ellas, una ciudadana y un ciudadano están detenidos, y dos que están solicitados. No descartamos que haya otras conexiones en la ciudad de Caracas”, concluyó el gobernador de Táchira.